El Tribunal de Impugnación Penal hizo lugar al recurso de impugnación del fiscal piquense, Damián Campos, e incrementó las penas contra Nicolás José Mignola y Jorge Alberto Becerra por un robo agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho investigado se produjo en la madrugada del 28 de noviembre de 2020, cuando los imputados ingresaron por la ventana de un dormitorio a una vivienda, en General Pico, y utilizando tres armas, amedrentaron a sus propietarios y les sustrajeron dinero y dos celulares.

Por ello, la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial había condenado el 22 de diciembre a Mignola a cuatro años de prisión y a Becerra a cuatro años y seis meses, como autores del delito de robo con armas cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada y, además, les mantuvo la condición de reincidente. Sostuvo que en el juicio no pudo probarse –habló de duda razonable– si las armas estaban efectivamente cargadas y en condiciones de ser disparadas.

Campos cuestionó ese argumento, aduciendo que existió una errónea valoración de la prueba, y ahora la Sala B del TIP, conformada por los jueces Filinto Rebechi y Pablo Balaguer, le dio la razón. Por eso le subió la sanción a Mignola (25 años) a siete años y cinco meses de prisión; y a Becerra (24), a siete años y nueve meses, por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. Inmediatez.

Rebechi, autor del primer voto –al que adhirió Balaguer– expresó que la Audiencia tuvo “una interpretación sesgada y descontextualizada del suceso”, al indicar que “no acreditó que las armas de fuego estuvieran cargadas al momento de perpetrarse el desapoderamiento, por el solo hecho de haber transcurrido un lapso de tiempo entre el ilícito y el secuestro de ellas”.

Frente a ello, “si estableciéramos como hipótesis posible que los acusados hubieran utilizado armas de fuego ‘descargadas’ para cometer el delito, se advierte que en el lapso de tiempo que aconteció hasta el secuestro de ellas, no tuvieron motivación extra alguna para cargar con proyectiles dos de las tres armas y ello solo para resguardarlas en lugares de difícil acceso e irse a dormir”, agregó el TIP.

¿Por qué dijo eso Impugnación? Porque solamente transcurrieron ocho horas entre el momento del hecho y el secuestro de las armas –“hubo cierto grado de inmediatez”, adujo el TIP– y porque dos de ellas, una carabina y un revólver calibre 32 estaban cargadas con municiones –“omitió arbitrariamente esas circunstancias”, acotó el Tribunal en alusión a la Audiencia de Juicio–. A su vez, la carabina había sido colocada en “una especie de cierlorraso de difícil acceso” y el revólver dentro de una bolsa junto a uno de los celulares.

“La postura del Ministerio Público Fiscal parece de una logicidad inatacable (…) Resulta altamente improbable que los imputados hayan concurrido a cometer el hecho con las armas descargadas y luego, al llegar a la vivienda, sin ningún motivo que lo justifique, antes de esconderlas, las hayan cargado, tal como fueran encontradas por la policía”, indicaron Rebechi y Balaguer.

Finalmente, al fijar las penas, señalaron como atenuante la juventud y el estado de vulnerabilidad social de los acusados, pero como agravante que, a pesar de sus edades, ya poseían antecedentes penales. Y si bien establecieron las sanciones que había requerido la fiscalía, detallaron que fueron diferentes con Becerra porque “no exteriorizó ninguna colaboración para la investigación” judicial.​

La Colectiva por una Ley de Seguridad Ciudadana pidió una modificación del proyecto que está en debate en la Legislatura para que los policías provinciales no porten armas fuera del horario laboral. La postura se basa en informes estadísticos: “Es demostrativo el seguimiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales durante 10 años: ha observado que el 70% de 279 policías muertos en el AMBA fue a causa de haber intervenido con sus armas en situaciones en las que no estaban en servicio. “Nosotras pensamos que hay otras estrategias de abordaje y control de los ilícitos que no necesariamente implica riesgos para él o para otras personas”, dijeron. También pidieron que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que se encuentra en la Cámara de Diputados, se haya un fuerte debate en varios de sus artículos,
La Colectiva por una Ley de Seguridad Ciudadana está integrada por organizaciones sociales, gremiales, movimientos feministas y de derechos humanos

Así lo confirmó el fiscal del caso; Walter Martos, sobre la tentativa de femicidio que ocurrió en las primeras horas de este jueves cuando una joven se tiró por la ventana de un primer piso para salvar su vida. La primera condena data del año 2016, cuando agredió físicamente y amenazó a una ex pareja. Por ese hecho fue condenado a tres añños de prisión condicional, y como revestí en la policía provincial, fue echado. La segunda condena fue con su actual pareja, en el 2020 había sido sentenciado a un año de prisión de cumplimiento efectivo.
El hecho sucedió en las últimas horas del miércoles y madrugada del jueves, cuando en el departamento que compartían se generó una discusión por celos, luego hubo insultos, golpes y después de amenazarla, el agresor fue a la cocina a buscar un cuchillo; en ese momento la joven saltó por la ventana desde un primer piso para salvar su vida. La víctima presenta distintitos tipos de lesiones como fracturas y fisuras, pero su vida no corre peligro. El agresor fue detenido posteriormente y fue formalizado el jueves donde el juez Carlos Ordás le dictó una prisión preventiva por 90 días.