Finalmente el Gobierno inició el proceso para la implementación del silencio positivo en “más de 500 trámites” de la administración pública nacional. Desde el oficialismo aseguraron que esta normativa será “un cambio de cosmovisión grande” que se aplicará de “forma gradual” en todas las áreas del Estado.
En detalle, la legislación establece que, en ciertos casos donde un ciudadano cumple con todos los requisitos formales de un trámite, de no haber respuesta por parte de la administración estatal por 60 días, la diligencia tendrá una aprobación automática. En esta primer etapa, el silencio positivo se aplicará en casos que van desde “la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos”.
El Gobierno comienza a implementar el silencio positivo
La administración libertaria aseguró que el inicio de la implementación de esta normativa marca un “hito histórico” para los trámites administrativos. “Con esta reforma, se busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica”, indicó en un comunicado el Gobierno.
Hasta ahora se aplicaba el esquema conocido como silencio administrativo negativo. Esta legislación señalaba que, ante la falta de respuesta, los ciudadanos debían reiniciar sus trámites.
“A partir de ahora, cuando una solicitud de carácter reglado –como una licencia de Marca País o la inscripción en el Registro de Buques– no reciba respuesta en el tiempo establecido, se considerará aprobada. Este cambio reduce costos y tiempo para los particulares, incentivando así el desarrollo de actividades económicas”, detalló el comunicado difundido el pasado viernes.
La normativa, trabajada en gran parte por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a ser aplicada en los organismos centralizados desde ayer. Por otro lado, se extenderá a los descentralizados a partir del 1 de diciembre.
Cabe destacar que en áreas de vital importancia, como salud pública, medio ambiente, servicios públicos, entre otros, donde el impacto social y ambiental requiere un control exhaustivo, esta normativa no será aplicable. En estos casos, la administración no podrá delegar su responsabilidad de revisión.
Desde su aplicación, el Poder Ejecutivo pondrá a disposición cursos en la materia para abogados que quieran instruirse sobre dicha normativa.