La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda presentada por La Pampa por el corte del Río Atuel y el incumplimiento del fallo de la Corte. Ahora el Estado Nacional tiene un plazo máximo de siete meses para responder.
El mandatario provincial estuvo acompañado, en una conferencia de prensa, por la vicegobernadora Alicia Mayoral; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien elaboró la demanda.
Dos organizaciones no gubernamentales históricamente comprometidas con el reclamo hicieron la presentación: la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos. El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, fue activo colaborador en la presentación, al aportar el andamiaje judicial previo que culminó con la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al no cumplirse, promovió la presentación que hoy se formalizó ante el organismo internacional.
“Es un pequeño gran paso”, dijo Gil Domínguez. Precisó que la aceptación de la demanda debe cumplir con requisitos y estándares que son exigentes, y que incluso en esta etapa el 80% de las presentaciones no superan la instancia de admisibilidad.
“Este es un logro de todos”, dijo el gobernador Ziliotto. También remarcó su postura política: “nos acusan que protestamos, que reclamamos. Esto es una política de Estado que no repara en el gobierno que hay”, remarcó.
“Mendoza no sabe qué hacer para no dar agua”, afirmó el mandatario. “Ahora anuncian un reservorio. Agua no falta, sobra agua y es lo que discutimos”, dijo.
El 16 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó que Mendoza debe garantizar un caudal inicial mínimo permanente de 3,2m3/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa. Sin embargo, el ecocidio no se ha detenido: el máximo organismo judicial parece no hacer nada para obligar a la provincia cuyana a cumplir el fallo y el río es cortado reiteradamente.
El corte del Atuel lleva casi 80 años. En La Pampa se desertificaron 1,5 millones de hectáreas y centenares de personas tuvieron que migrar a otros lugares.
La intención de esta demanda es que la Comisión Interamericana obligue al Estado nacional a que se cumpla la sentencia de hace cuatro años y que así se protejan los derechos de todos los pampeanos.