El municipio de Santa Rosa implementó un incremento significativo en la tasa de seguridad e higiene que deben abonar las estaciones de servicio, lo que ha generado un conflicto que podría llegar a los tribunales. Así lo anticipó Roberto Martínez, representante de la Cámara de Expendedores de La Pampa, al declarar: “Creo que estamos en el camino de la judicialización”.
El origen de la controversia radica en un cambio en la metodología para calcular el tributo. Anteriormente, el monto se basaba en la superficie ocupada por los comercios, mientras que ahora se calcula en función de los ingresos brutos. Este ajuste provocó que la tasa, que promediaba $65.000 mensuales, aumentara a $6 millones.
Ante esta situación, los propietarios de estaciones de servicio decidieron no pagar el impuesto como medida de protesta, lo que llevó al municipio a iniciar intimaciones formales para exigir el cumplimiento del pago.
El tema trascendió el ámbito local cuando la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) emitió un comunicado el pasado viernes. En él, calificó de “desmedido” el aumento de la tasa e instó a buscar una solución que no ponga en riesgo la actividad del sector.
En declaraciones al diario Ámbito Financiero , Martínez detalló que los empresarios habían mantenido negociaciones con concejales y autoridades municipales para evitar este cambio en el cálculo del tributo. Sin embargo, las intimaciones comenzaron a llegar el jueves, lo que aceleraría la judicialización del conflicto.
Martínez también subrayó el impacto económico del nuevo esquema: para una estación de servicio que vende 500.000 litros de combustible al mes, el costo del tributo equivale al salario de cuatro o cinco empleados.