Desde la asunción de Javier Milei, la política de ajuste en el sector público avanzó sin freno, dejando un saldo de 43.778 despidos entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Este recorte, que representa una reducción del 12,8% del personal estatal, afectó a distintos organismos y empresas públicas.
El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el impacto de la motosierra libertaria en la Administración Pública Nacional. Entre los sectores más golpeados aparecen empresas estatales, organismos descentralizados y la administración central.
Al observar los recortes en términos porcentuales, algunos casos resultan alarmantes:
Desarrollo de Capital Humano Ferroviario: 99,7%
Agencia de Publicidad del Estado SAU (ex Télam): 79%
ENARSA Patagonia S.A.: 66,7%
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: 60%
Educar S.E.: 52,7%
Hospital Bonaparte: 51,7%
INCAA: 47,6%
Contenidos Públicos S.E.: 44,6%
Polo Tecnológico Constituyentes S.A.: 40%
Instituto Nacional de Promoción Turística: 39%
En términos absolutos, los mayores recortes se dieron en:
Correo Argentino: 4.705 despidos
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): 1.694
Aerolíneas Argentinas: 1.558
AySA: 1.463
CONICET: 1.422
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado: 1.333
ANSES: 1.272
Desarrollo de Capital Humano Ferroviario: 1.075
Banco Nación: 765
ENACOM: 719
El informe subraya la gravedad del ajuste en sectores clave. Por un lado, el Banco Nación sufrió 765 despidos en medio de la intención declarada del gobierno de privatizarlo. En el sistema ferroviario, los recortes alcanzaron a 2.408 trabajadores, dejando en jaque su funcionamiento.
Además, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo clave en la asistencia a los sectores más vulnerables, perdió el 60% de su personal. Otro caso crítico es el del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, donde el 52% de los trabajadores fueron despedidos, generando una fuerte reacción de su comunidad ante el posible cierre del establecimiento.
Desde el CEPA advierten que la política de desmantelamiento del sector público no solo busca achicar el Estado, sino también debilitar su capacidad de regulación y gestión, dejando a amplios sectores de la sociedad sin acceso a derechos fundamentales.
Motosierra en el Estado: Ya son casi 44 mil los despidos en la gestión Milei
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