El especialista en blockchain Martín Romeo, querellante en la causa Criptogate $LIBRA, afirmó que el colapso de la criptomoneda promovida por Javier Milei no fue una mala inversión, sino una estafa planificada. La demanda busca responsabilizar a todos los actores involucrados y recuperar el dinero de los damnificados.
“No fue una inversión fallida, fue una estafa”
En declaraciones, Romeo explicó que la acción judicial pretende determinar qué delitos cometió cada parte de la cadena de valor y avanzar con reclamos civiles.
“La gente compraba y, del otro lado, sacaban los fondos de liquidez. No es que alguien vendió y cayó el precio; se llevaron el respaldo de la moneda y la hicieron colapsar”, denunció.
La criptomoneda, impulsada por Milei en redes sociales y en medios como Bloomberg, sufrió una caída del 2200% en solo cuatro horas, generando pérdidas millonarias.
Los responsables y la investigación judicial
El principal apuntado es Hayden Davis, dueño de Kelsier Ventures, empresa que desarrolló $LIBRA en EE.UU. Según Romeo, Davis y su equipo admitieron en un video que retiraron los fondos de liquidez, dejando la moneda sin respaldo y llevándose 110 millones de dólares de los pools de liquidez y otros 100 millones por información privilegiada.
En Argentina, la causa está en manos de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, mientras que en EE.UU., la SEC inició una investigación de oficio. La querella busca imputar:
Estafa y fraude financiero → Hayden Davis y Kelsier Ventures.
Tráfico de influencias → Novelli, encargado del lobby.
Mal ejercicio del cargo público → Javier Milei, por promover la moneda sin garantías.
Uso de información privilegiada → Actores clave del proyecto.
“Si la causa avanza en EE.UU., los responsables podrían enfrentar penas de prisión. Allí estos casos se toman en serio: Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, recibió 16 años de cárcel por algo similar”, advirtió Romeo.
Impacto en el mercado cripto y la demanda en marcha
Desde el colapso de $Libra, las principales criptomonedas sufrieron caídas de entre el 15% y el 35%, afectando la confianza del ecosistema.
Mientras la justicia avanza, los damnificados impulsan una demanda colectiva para recuperar las pérdidas y exigir responsabilidades en uno de los mayores escándalos financieros recientes.