Organizaciones de prensa y derechos humanos elevaron reclamos a la ONU y la CIDH por el accionar de las fuerzas de seguridad en la reciente represión contra manifestantes.
La Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), expresaron su rechazo a los hechos de violencia sufridos por periodistas y ciudadanos en la última manifestación. En una conferencia de prensa, denunciaron que “no quieren otro Cabezas” y anunciaron que tomarán medidas legales contra los responsables.
Uno de los casos más graves es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en terapia intensiva tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Según informaron sus allegados, los médicos lograron reducir la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido afectado, aunque su estado sigue siendo crítico.
Desde ARGRA criticaron duramente la actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en declaraciones públicas aseguró que Grillo estaba detenido, cuando en realidad se encontraba hospitalizado luchando por su vida. “Exigimos que se investigue y que no haya impunidad”, remarcaron.
Pedido de juicio político y reclamos internacionales
Las organizaciones no solo apuntan contra la ministra Bullrich, sino también contra el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, debido al accionar de la Policía de la Ciudad durante la represión. Exigen que se identifique a los responsables y que se garantice el derecho a la protesta y a la libertad de prensa.
Además, anunciaron que llevarán el caso ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que el protocolo de seguridad aplicado por el gobierno es “antiprotesta” y atenta contra la libertad de expresión.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que el gobierno “justifica la violencia con una narrativa de ‘golpe de Estado’ para legitimar la represión”. A través de sus redes sociales, señalaron que “las fuerzas de seguridad cometieron delitos graves, incluyendo detenciones arbitrarias y uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y adultos mayores”.
En este contexto, la jueza Karina Andrade, a cargo de la liberación de los detenidos, sostuvo que los procedimientos policiales presentaron “graves deficiencias” y vulneraron derechos constitucionales.
Un llamado a la justicia
Mientras la comunidad periodística y organismos de derechos humanos continúan exigiendo respuestas, el estado de salud de Pablo Grillo sigue siendo una preocupación central. Su caso se convirtió en un símbolo de la represión sufrida por quienes buscan registrar y difundir la realidad de las protestas en Argentina.
Familiares y colegas del reportero gráfico insisten en la necesidad de una investigación transparente y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Mientras tanto, se espera que las denuncias internacionales pongan el foco en el accionar del gobierno y las fuerzas de seguridad en el país.