La Red Federal de Derechos Humanos, encabezada por Horacio Pietragalla Corti, presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio González. La acusación señala múltiples violaciones a derechos constitucionales en la represión ocurrida el miércoles en las inmediaciones del Congreso. Además, solicitaron ser admitidos como querellantes en la causa.
Argumentos de la denuncia
El abogado de la Red Federal, Mariano Przybylski, explicó que la organización busca garantizar el respeto por los derechos fundamentales. “Lo que presenciamos en la manifestación dista mucho de eso. Se vulneraron derechos esenciales como la libertad de expresión y la protesta”, afirmó en diálogo con Radio Noticias.
La denuncia fue presentada en la Cámara de Comodoro Py y está pendiente de asignación a un juzgado. “Todavía no sabemos qué magistrado intervendrá. Como hay varias denuncias similares, es probable que se unifiquen en una sola causa”, indicó Przybylski.
Entre los hechos denunciados, se mencionan personas heridas, detenciones arbitrarias y un caso crítico: el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió graves lesiones tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno.
Críticas al accionar del gobierno
Para Przybylski, la represión no es un hecho aislado, sino parte de una política gubernamental que busca desalentar la protesta social. “No es la primera vez que vemos este tipo de atropellos. Parece evidente que el objetivo es evitar que la gente se movilice contra los ajustes económicos”, sostuvo.
El abogado también apuntó contra el Poder Judicial, al que acusa de avalar estas prácticas. “Los otros poderes del Estado deberían poner límites, pero hasta ahora no hemos visto una reacción firme. Cumplimos con nuestra obligación ciudadana al denunciar, aunque nuestra confianza en la Justicia es baja”, expresó.
Asimismo, cuestionó la diferencia de criterios en el manejo de las protestas: “Hubo otras movilizaciones, incluso más grandes, donde la policía no intervino de esta manera. Sin embargo, cuando el gobierno decide que una manifestación no debe ocurrir, la represión es inmediata”.
La situación de la jueza Andrade
Przybylski también se refirió a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos por falta de pruebas y fue blanco de críticas desde el oficialismo. “Ningún policía pudo señalar a los detenidos como responsables de actos violentos. Todos fueron arrestados bajo la figura de ‘resistencia a la autoridad’, lo que en muchos casos es un argumento endeble”, explicó.
El letrado cuestionó las amenazas hacia la magistrada por parte del Ejecutivo y los intentos de removerla. “El ministro de Justicia anunció que la denunciarían ante el Consejo de la Magistratura, pero la jueza responde al organismo de la Ciudad de Buenos Aires, donde necesitan mayorías especiales para cualquier acción. No pueden removerla arbitrariamente”, advirtió.
Por último, subrayó la importancia de resguardar la independencia judicial. “Más allá de su ideología, las instituciones deben proteger a los jueces. Si permitimos que se los ataque por sus fallos, estamos en un escenario peligroso”, concluyó.