Hoy, los jubilados protagonizarán una nueva jornada de protesta en las inmediaciones del Congreso Nacional, exigiendo una recomposición de sus haberes. La movilización se da en el contexto de un escenario tenso, ya que, por la mañana, se debatirá en Diputados el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con el recuerdo aún presente de la violencia policial durante las protestas de la semana pasada, que resultaron en más de un centenar de detenidos y varios heridos, el gobierno se prepara para enfrentar una nueva manifestación, con un plan estratégico para el despliegue de las fuerzas de seguridad y un control de la comunicación en torno a los hechos.
A diferencia de las anteriores protestas, en esta ocasión la convocatoria contará con el apoyo de las universidades públicas, en lugar de las hinchadas de fútbol que acompañaron a los manifestantes la última vez. El gobierno considera que, además de la comunidad universitaria, se sumarán organizaciones y partidos políticos, lo que podría aumentar la magnitud de la movilización.
El martes, en la Casa Rosada, se reunió un comité de seguridad encabezado por el asesor presidencial Santiago Caputo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con los jefes de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, para ultimar los detalles del operativo de seguridad. También participaron otros funcionarios como el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio.
Operativo cerrojo
El foco de la seguridad se centrará en el control de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, algo que no se había hecho en la protesta anterior. La estrategia de Patricia Bullrich es “acotar la movilización” a la zona de la plaza frente al Congreso, evitar disturbios y evitar que los manifestantes avancen hacia la Plaza de Mayo.
A pesar de que el discurso oficial ha respaldado hasta ahora la estrategia represiva y el accionar de las fuerzas de seguridad, varios funcionarios oficialistas han admitido los errores cometidos en la jornada pasada. La ausencia de hinchas de clubes de fútbol complicará la situación para el gobierno, que ya no tendrá un “enemigo claro” al que enfrentar. La presencia de estudiantes y docentes universitarios podría dificultar las justificaciones para una represión violenta.
El año pasado, la comunidad universitaria se movilizó en diversas ciudades del país contra los recortes presupuestarios en educación pública. En esas protestas no hubo grandes despliegues policiales, lo que deja al gobierno sin una justificación fácil para una respuesta violenta en esta ocasión.
Tensión interna y medidas de comunicación
A pesar de las tensiones dentro del oficialismo, que en algunos casos acusó a los manifestantes de intentar un golpe de Estado, varios funcionarios trataron de bajar la tensión en las últimas horas. Patricia Bullrich, en una conferencia donde presentó su proyecto de “Ley Antibarras”, se solidarizó con la familia de Pablo Grillo, el fotorreportero gravemente herido durante los enfrentamientos con la Gendarmería.
Por otro lado, el abogado libertario Francisco Oneto sugirió que, de haber situaciones como las del miércoles pasado, decretaría un Estado de sitio. Ante esto, se definió que la comunicación oficial sobre las medidas que se implementarán durante la jornada de hoy estará bajo la supervisión directa de la ministra Bullrich.
A pesar del creciente rechazo por la desfinanciación del sector pasivo, desde el gobierno aseguraron que no hay planes para recomponer las jubilaciones ni el bono mensual otorgado a los jubilados en el corto plazo.