En la pulseada por equilibrar las cuentas y contener la inflación, el gobierno nacional se enfrenta a una nueva decisión incómoda: definir un nuevo aumento en las tarifas eléctricas para el mes de mayo.
Este posible ajuste se sumaría al incremento del 1,8% ya aplicado desde el 1° de abril para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur. Desde la Casa Rosada buscan evitar que este rubro se convierta en un motor adicional de presión sobre el índice de precios al consumidor (IPC) que difunde el INDEC, aunque los márgenes son cada vez más estrechos.
La novedad tiene que ver con la activación formal del proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), un mecanismo técnico que define la política tarifaria a mediano plazo para distribuidoras y transportistas de energía eléctrica —como Edenor, Edesur, Transener, Transba, Transpa y Distrocuyo, entre otras—. El gas natural también está incluido en esta hoja de ruta y experimentará subas similares.
Fuentes cercanas al Ejecutivo deslizaron que el próximo aumento podría ubicarse entre el 4% y el 6%, con vigencia desde el 1° de mayo. Si bien aún no hay confirmación oficial, los números ya superan las estimaciones de inflación de los últimos meses, que rondaron el 2,7% según proyecciones privadas como las de C&T para el AMBA.
Incluso hay analistas del sector que no descartan una suba aún mayor: “Podría llegar al 10%, dependiendo del margen político que tenga el Gobierno para mover las tarifas sin desatar un impacto directo sobre el IPC”, explicó un consultor especializado en energía.
Lo que sí está claro es que el ajuste de mayo no será uno más: combinará el habitual aumento mensual que acompaña la inflación, con el componente extra que implica el arranque de la RQT, clave para definir los valores del servicio eléctrico durante los próximos cinco años.
Cabe recordar que el esquema de revisión tarifaria se implementó por primera vez en los años noventa. La última se aplicó en 2016 y debía mantenerse hasta 2022, pero la inestabilidad económica interrumpió el proceso durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, la administración de Javier Milei busca retomar esa hoja de ruta con la mirada puesta en una política tarifaria más sostenida hasta el año 2030.