Durante marzo, el Gobierno nacional ejecutó un fuerte ajuste en áreas clave como Educación, programas sociales, subsidios a la energía, transferencias a universidades y a provincias. En total, se recortaron 396.662 millones de pesos respecto de marzo del año anterior, mientras que se destinaron 346.430 millones al pago de intereses de deuda pública.
Este recorte permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, anunciar un superávit financiero y anticipar un nuevo “ajuste fiscal adicional” a través de su cuenta en la red X (ex Twitter).
Según informó El Destape, el Gobierno de Javier Milei avanzó con este ajuste para cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, a cambio del desembolso de divisas. Sin embargo, la caída de la actividad económica y la recesión castigan los ingresos públicos, lo que obliga a profundizar los recortes para alcanzar las metas fiscales.
Más ajuste en 2025
Caputo confirmó que el Ministerio de Economía implementará un ajuste fiscal adicional de 0,3 % del PBI para este año, lo que eleva la meta de superávit primario del 1,3 % al 1,6 % del PBI.
En marzo, el sector público nacional registró un resultado financiero superavitario de 398.909 millones de pesos, con un superávit primario de 745.339 millones. Ese resultado fue posible por los fuertes recortes en partidas que impactan directamente en la población.
Los principales recortes
Medido en valores nominales, los recortes más importantes fueron:
Programas sociales: -$55.382 millones
Subsidios a la energía: -$163.914 millones
Transferencias a universidades: -$153.091 millones
Gastos de capital en energía: -$19.167 millones
Transferencias de capital a provincias: -$1.108 millones
Si se considera la inflación interanual del 55,9 %, el impacto real de estos recortes es aún más pronunciado.
En contraposición, el gasto en intereses de deuda pública en marzo ascendió a $346.430 millones, casi lo mismo que el total recortado en áreas sociales y de infraestructura.
Transferencias y subsidios
Las transferencias corrientes al sector público alcanzaron en marzo los $345.016 millones, apenas un 35,3 % más que el año anterior, muy por debajo de la inflación. Por su parte, las transferencias al sector privado crecieron un 40,3 %, principalmente por prestaciones del PAMI, asignaciones familiares, el Plan 1.000 Días y programas alimentarios.
En cuanto a subsidios económicos, el gasto total cayó un 11,9 % interanual. Los subsidios energéticos se redujeron un 53,1 % (unos $163.914 millones), mientras que los destinados al transporte crecieron un 114,7 %, lo que se interpreta como una estrategia para atenuar el impacto del ajuste en el bolsillo de los trabajadores en un contexto preelectoral. Sin embargo, se anticipa que estos subsidios también serán recortados próximamente.
Menor presión tributaria a sectores concentrados
Además de los recortes, el Gobierno mantuvo reducciones impositivas que benefician a sectores con mayor capacidad contributiva. Entre ellas:
La expiración del Impuesto PAIS en diciembre (que había aportado 0,3 % del PBI en el primer trimestre de 2024).
La baja transitoria de derechos de exportación, establecida por el Decreto 38/2025.
La derogación de la suspensión de los certificados de exclusión, que afectó la recaudación del IVA y Ganancias en aduana.
Estas medidas, junto con los recortes en áreas sociales, configuran un esquema de ajuste regresivo con fuerte impacto en la población, mientras se prioriza el pago de deuda externa.