La justicia pampeana formalizó esta semana una causa penal contra Daniel Aliberti, ex presidente del Concejo Deliberante de Ingeniero Luiggi, en el marco de una investigación que lo vincula con la presunta falsificación de un acta oficial y el incumplimiento de deberes como funcionario público.
La imputación se desprende de una denuncia presentada por ediles del bloque Frejupa, quienes acusan a Aliberti de haber omitido intencionalmente información clave en un acta correspondiente a una sesión legislativa realizada el 3 de diciembre de 2024. En aquella jornada, los concejales calificaron como “graves” las irregularidades atribuidas al intendente Gustavo Salvadori, quien habría omitido declarar la existencia de una sociedad comercial en su declaración jurada patrimonial al asumir el cargo.
Según la fiscalía, Aliberti habría modificado o suprimido deliberadamente esa calificación en el acta elaborada con fecha del 4 de diciembre, en un intento de alterar lo resuelto por el cuerpo deliberativo. La acusación se sustenta, entre otras pruebas, en registros de audio de la sesión que confirmarían lo discutido y aprobado por los concejales.
La jueza de control de General Pico, Jimena Cardoso, resolvió formalizar la Investigación Fiscal Preparatoria en una audiencia llevada a cabo esta semana, con la participación de los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, y el abogado defensor Jerónimo Altamirano. Los cargos imputados son falsedad ideológica de instrumento público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por el momento, no se dictaron medidas de coerción ni nuevas pruebas.
La causa también tiene antecedentes de relevancia: a fines de febrero, por orden judicial, se allanó el Concejo Deliberante de Luiggi y se secuestraron libros de actas y documentación considerada de interés para la investigación.
La denuncia fue impulsada por los concejales Yésica Ingaramo, Juan José Gorordo, Pedro Muñoz y Carla Calderón, quienes manifestaron que el contenido del acta no reflejaba lo debatido ni las decisiones efectivamente tomadas durante la sesión, lo que motivó el inicio del proceso penal.