El Juzgado Federal N°2 de Paraná emitió un fallo de alcance nacional que restituye derechos vulnerados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, con el que el Gobierno intentó modificar la Ley de Identidad de Género. La decisión judicial garantiza nuevamente el acceso a tratamientos hormonales para las adolescencias trans y fue celebrada como un “acto de reparación” por organizaciones de derechos humanos.
La sentencia responde a una medida cautelar presentada en favor de un adolescente de 17 años, cuyo tratamiento fue abruptamente interrumpido por su obra social, Osecac, a raíz del DNU. El juez Edgardo Alonso consideró que el decreto violaba derechos fundamentales, y ordenó a la prestadora restablecer la atención médica integral, incluyendo una interconsulta y la eventual cirugía de mastectomía indicada por profesionales de salud.
Un fallo con impacto nacional
“Esta es una reconquista de derechos”, sostuvo Ariel Villanueva, abogado y activista de la organización Equal, que acompañó el caso. La resolución tiene efecto a nivel nacional y se convierte en el primer fallo federal que invalida el decreto presidencial, sumándose al antecedente de la jueza Elena Liberatori en la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo no sólo restituye derechos al joven identificado como J, sino que sienta jurisprudencia para proteger a otras adolescencias trans en situaciones similares. El magistrado consideró que el DNU excedió las facultades del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso se encontraba habilitado para tratar leyes mediante sesiones extraordinarias convocadas desde el 20 de enero, sin que este tema fuera incluido en la agenda.
“Una encrucijada para la salud pública”
Gustavo Terra, tocoginecólogo y referente en atención a diversidades adolescentes, participó del asesoramiento en el amparo y alertó sobre las consecuencias del decreto: “Nos colocaba en una encrucijada ética y profesional. No poder acompañar como corresponde es una forma de mala praxis”, expresó.
Desde su experiencia, señaló que la interrupción de tratamientos hormonales y cirugías afecta gravemente la salud mental de jóvenes trans: “Aumentan los cuadros de ansiedad, retraimiento, autolesiones y depresión por no poder desarrollarse conforme a su identidad”.
Protección integral y libre desarrollo
El juez Alonso subrayó que el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que garantiza el libre desarrollo personal, fue cercenado de forma inconstitucional. Además, citó la Convención sobre los Derechos del Niño y la noción de “autonomía progresiva” como elementos centrales para respaldar el fallo.
“La declaración de inconstitucionalidad no solo protege a adolescentes, sino también a profesionales de la salud que ejercen su labor desde una perspectiva de derechos”, afirmó Villanueva.
Este pronunciamiento judicial refuerza el principio de que los derechos no se suspenden por decreto, y marca un freno a políticas públicas que buscan restringir libertades fundamentales mediante mecanismos excepcionales.