A través de un duro comunicado, sectores de la Iglesia Católica manifestaron su preocupación por los episodios de represión registrados frente al Congreso de la Nación, durante las movilizaciones semanales de personas jubiladas que reclaman por la mejora de sus haberes. La postura oficial fue difundida por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, y la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Ambos espacios eclesiásticos expresaron su “enérgico repudio” ante lo que consideraron una respuesta violenta por parte del Estado frente a una demanda legítima. “La violencia jamás puede ser la salida ante un reclamo protegido por la Constitución”, remarcaron, y advirtieron que la situación adquiere una gravedad mayor “cuando se ejerce sobre personas mayores que exigen el respeto a derechos vulnerados, como el acceso a una jubilación digna”.
Actualmente, la jubilación mínima ronda los $355.000 mensuales, cifra que incluye un bono de $70.000 congelado desde hace más de un año, lo que profundiza el deterioro del poder adquisitivo de este sector.
En su mensaje, las comisiones invitaron al Gobierno nacional a convocar de forma urgente a todos los sectores representativos de la sociedad para buscar una salida dialogada a esta problemática. “El diálogo es siempre la mejor respuesta ante el dolor de un pueblo”, señalaron.
La misiva concluye con una frase del papa Francisco que resuena con fuerza en el actual contexto de crisis social: “Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad”.
El reclamo por una jubilación justa continúa ganando fuerza en las calles y ahora suma un respaldo contundente desde uno de los actores históricos con mayor peso moral en la vida institucional del país.