La Provincia de La Pampa reiteró su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que convoque de forma urgente a una audiencia de conciliación con el Gobierno Nacional, en el marco de la causa iniciada por el incumplimiento en el financiamiento del sistema previsional pampeano. El pedido lleva la firma de la fiscala de Estado, Romina Schmidt, y apunta a destrabar un conflicto que pone en jaque la sostenibilidad de la Caja previsional provincial.
La solicitud de audiencia ya había sido presentada el 8 de octubre de 2024, pero hasta el momento no fue respondida por el Alto Tribunal. En esta nueva presentación, el Gobierno pampeano reiteró la gravedad de la situación y la necesidad de una instancia de diálogo institucional con la Nación y autoridades de la Anses, para alcanzar una solución consensuada y en condiciones de equidad con otras jurisdicciones.
Igualdad de trato y precedentes
La provincia argumentó que el caso posee “dimensión estructural” y compromete la autonomía financiera de La Pampa. Por ello, advirtió que la demora judicial afecta derechos constitucionales de miles de jubilados y trabajadores activos, cuyo régimen previsional no fue transferido a la Nación.
Uno de los puntos clave de la presentación fue el reciente acuerdo firmado entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba, en una causa de similares características. Ese convenio, sellado el 14 de mayo durante una audiencia convocada por la misma Corte, refuerza —según La Pampa— la viabilidad práctica de una solución dialogada y evidencia un trato desigual entre provincias.
“La Pampa sostiene su voluntad de arribar a una solución consensuada, pero exige un trato equitativo frente al antecedente reciente con Córdoba”, enfatizó Schmidt. Y recordó que la Constitución Nacional consagra el principio de igualdad entre provincias, lo que impone al tribunal un deber de imparcialidad y coherencia en sus decisiones.
Pedido urgente de cautelar
En otro escrito, la provincia también solicitó que la Corte resuelva sin más demoras una medida cautelar ya solicitada, ante el agravamiento de la situación financiera del sistema previsional pampeano.
“Los hechos nuevos de público conocimiento, sumados al convenio con Córdoba, refuerzan la verosimilitud del derecho invocado por La Pampa”, expresó la fiscala. Y agregó: “El Estado Nacional ha incumplido sus obligaciones de financiamiento, mientras reconoce esos compromisos con otras provincias, configurando así una conducta arbitraria y discriminatoria”.
El escrito advierte que la falta de transferencia de fondos impacta directamente en la solvencia de la provincia, que hoy debe afrontar con recursos propios el déficit del sistema previsional. La situación, asegura, “se ha agravado notoriamente en los últimos meses”, generando un daño económico “irreparable” y vulnerando derechos fundamentales de miles de pampeanos y pampeanas.
Por todo ello, la Provincia reclamó que se dicte de inmediato la medida cautelar y se ordene al Estado Nacional el pago de los anticipos mensuales adeudados, en resguardo del régimen previsional local.