El gobierno nacional, a través del diputado José Luis Espert, dio un paso formal en su intento por centralizar las cajas jubilatorias que aún conservan autonomía en algunas provincias. A través de un proyecto de ley presentado en el Congreso, se propone la creación de una comisión especial encargada de redactar una reforma estructural del sistema previsional argentino, que contempla, entre otros puntos, la transferencia de las cajas provinciales al ámbito nacional.
La iniciativa plantea como objetivo avanzar hacia un sistema único e integral de seguridad social, con nuevas reglas de sostenibilidad financiera, eliminación de privilegios y compatibilidad fiscal. Sin embargo, genera preocupación en distritos como La Pampa, que todavía gestionan su régimen previsional de forma independiente y garantizan beneficios como el 82% móvil a jubilados estatales.
Un modelo que recuerda a los ‘90
En su primer artículo, el proyecto crea la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional”, con representación del Congreso y del Ejecutivo. La integrarán cinco miembros: los presidentes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social de ambas cámaras, y tres funcionarios designados por el Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo y ANSES.
Aunque la comisión tendrá autonomía para definir su reglamento y convocar especialistas, su orientación está condicionada desde el inicio. El articulado del proyecto establece los lineamientos que deberán guiar la futura ley, entre ellos, la consolidación de un sistema nacional unificado y la absorción de las cajas provinciales aún no transferidas.
Riesgos para las provincias
Entre los objetivos declarados se encuentran la eliminación de los regímenes especiales, la supresión de jubilaciones de privilegio (incluso las del Presidente y Vicepresidente de la Nación), y el diseño de un esquema de beneficios que se adapte a las reales capacidades fiscales del Estado.
En este marco, se prevé la transferencia obligatoria de las cajas jubilatorias provinciales aún vigentes al nuevo sistema nacional. Para La Pampa, esto implicaría la pérdida de un régimen que hoy permite a sus jubilados del sector público (docentes, fuerzas de seguridad, administración central) acceder a haberes equivalentes al 82% del sueldo en actividad.
Desde el gobierno provincial observaron con preocupación la avanzada libertaria, temiendo que el traspaso conlleve una rebaja en los haberes o en las condiciones jubilatorias actuales. La preocupación también alcanza a otras jurisdicciones que, como La Pampa, decidieron no ceder su caja previsional durante la ola de transferencias de los años ‘90.
El trasfondo político
La propuesta llega en un contexto de fuerte ofensiva del Ejecutivo nacional para recortar gastos del Estado, bajo el discurso de la “sostenibilidad fiscal”. Con el respaldo de sectores del PRO y de la UCR, el oficialismo libertario busca replicar el modelo de recentralización previsional impulsado durante el menemismo, que terminó afectando derechos adquiridos por miles de trabajadores del interior del país.
Aunque todavía se trata de un proyecto en etapa preliminar, su sola presentación genera inquietud y reactiva un viejo debate entre autonomía provincial y centralismo fiscal. Las próximas semanas serán claves para definir si la iniciativa logra avanzar en el Congreso y, sobre todo, cuál será la respuesta de las provincias que todavía sostienen sistemas previsionales propios.