Diputados del no oficialismo (UCR, PRO-Mid y Comunidad Organizada) se hicieron presentes en Ceballos para manifestar su acompañamiento a su comunidad, en un contexto alarmante marcado por hechos que atentan contra la convivencia, el respeto institucional y el orden democrático.
Participaron de la visita los legisladores Gisela Cuadrado, Julián “Pancho” Aguilar, Sergio Pregno y “Poli” Altolaguirre (UCR); Maxi Aliaga y Sandra Fonseca (CO); Noelia Viara (PRO-Mid), junto al presidente de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno.
Lo que se vive en Ceballos trasciende lo político y alcanza a la comunidad entera. La gravedad de las amenazas físicas recibidas por el intendente, que incluyeron incluso advertencias de incendiar la sede municipal, representan un ataque directo no solo a las autoridades locales sino también a las instituciones democráticas del pueblo y al derecho de los vecinos a vivir en paz.
Estos hechos se dan en el marco de una serie de acciones preocupantes, entre ellas cuestionamientos al otorgamiento de viviendas sociales, que habrían sido asignadas anteriormente de manera discrecional, favoreciendo a personas sin arraigo en la localidad y sin vínculo con los registros comunitarios. Según se denuncia, las adjudicaciones estarían siendo direccionadas por referentes políticos identificados como punteros del gobierno provincial, en connivencia con actores que ostentan responsabilidad en la seguridad pública local.
Todo esto ocurre en paralelo a una creciente presión política que altera el funcionamiento ordenado del Concejo Deliberante y socava la autonomía de las instituciones municipales.
Desde los bloques legislativos no oficialistas expresamos nuestra profunda preocupación y reiteramos el respaldo absoluto a la comunidad de Ceballos, que asiste a un proceso sistemático de hostigamiento que pone en riesgo su tejido social, su institucionalidad y su derecho a decidir su destino sin intromisiones ni presiones partidarias.
Reafirmamos nuestro compromiso con los valores democráticos, con la transparencia en la gestión pública y con el respeto a cada localidad para organizar su vida cívica y política con libertad, sin violencia ni amenazas.