En una reunión clave realizada el miércoles por la noche, ganaderos de Río Negro resolvieron judicializar la reciente flexibilización de la barrera sanitaria que protege a la Patagonia del ingreso de carne con hueso. La decisión apunta a detener los efectos de la Resolución 180/25 del Senasa mediante medidas cautelares en la Justicia Federal.
Según anticiparon, la semana próxima se presentarán recursos de amparo en los juzgados federales de Bariloche, General Roca y Viedma, mientras que la Federación de Sociedades Rurales se encargará de impulsar acciones administrativas para frenar la aplicación de la medida. La intención de fondo, según plantearon los dirigentes rurales, es lograr que la situación actual se “congele” mediante una declaración de no innovar.
La convocatoria fue realizada por la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén, y contó con la participación de abogados y asesores técnicos. Durante el encuentro se analizaron informes veterinarios que cuestionan el argumento central del Senasa sobre el riesgo mínimo de aftosa, y se enfatizó que si ese riesgo fuera tan bajo, ya se habría suspendido la vacunación en el resto del país.
Uno de los abogados que redacta los recursos judiciales es Javier Perrote, productor ganadero y representante de la Sociedad Rural de Guardia Mitre. En su escrito, destaca las diferencias estructurales entre la producción patagónica y la del resto del país, y critica al gobierno nacional por no haber cumplido con los procedimientos de consulta pública establecidos tanto en normativa previa del propio Senasa como en la Ley Bases, recientemente aprobada.
En este punto, se remarca que la Resolución 756/2024 del Senasa obliga a realizar consultas internas e internacionales antes de aplicar modificaciones normativas. Además, la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo —modificada por la Ley Bases— exige participación ciudadana en decisiones que afecten servicios públicos o regulaciones sensibles, como es el caso.
Perrote también cuestiona la idea de que la barrera sanitaria determina un valor diferencial en la carne patagónica. Según su análisis, los precios están más ligados a los costos logísticos y a la intermediación que a cuestiones sanitarias. “Producir en la Patagonia es más caro y eso impacta en los precios”, afirmó.
El argumento central de la estrategia legal sostiene que una resolución administrativa no puede contradecir una ley nacional, que en este caso establece la obligación de mantener políticas activas para la erradicación de la fiebre aftosa. “Están interviniendo un mercado con una resolución que contradice el espíritu de la ley”, explicó Perrote en declaraciones a medios regionales.
Aunque los amparos buscan frenar la medida, también tienen un objetivo dilatorio: extender el proceso judicial el mayor tiempo posible. “Si no la derogan, avanzaremos con todos los recursos necesarios. Y si hace falta, será la Corte Suprema quien decida. Para cuando eso ocurra, pueden pasar años, y durante ese tiempo la flexibilización no tendrá efecto”, concluyeron.