En una nueva medida orientada a flexibilizar el acceso a las armas de fuego, el gobierno nacional derogó una tasa obligatoria que regía desde hace más de cincuenta años. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 77/2025 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), y establece además la extensión del plazo de vencimiento de las inscripciones de usuarios y fabricantes a cinco años.
La resolución, firmada por el titular del organismo, Juan Pablo Allan, suprime la tasa anual que debían abonar los legítimos usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro. A partir de ahora, solo estarán obligados a notificar a la Anmac cualquier modificación en los requisitos declarados al momento de la inscripción, dentro de los 30 días.
Más armas, menos controles
La medida se inscribe en una política general del gobierno de Javier Milei destinada a facilitar el acceso a las armas de fuego, incluso aquellas derivadas de uso militar. En este sentido, ya se habían implementado otras decisiones polémicas, como el Decreto 397/2025, firmado por el propio presidente junto a Guillermo Francos y Patricia Bullrich. Este decreto modificó el régimen de control de armas semiautomáticas, habilitando la compra para civiles de armas de uso militar con cargadores removibles, como fusiles, subametralladoras o carabinas de asalto, siempre que se declare su uso “deportivo”.
También está vigente el sistema digital de “Tenencia Express”, que acelera los trámites de adquisición para usuarios civiles, personal de seguridad, fuerzas armadas y penitenciarias. A fines de 2024, además, se redujo de 21 a 18 años la edad mínima para adquirir armas de fuego, ampliando aún más el universo de potenciales compradores.
Alarma por la proliferación de armas
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos vienen alertando sobre los riesgos de estas políticas que, lejos de fortalecer el control estatal sobre el armamento, apuntan a promover una sociedad más armada y menos regulada.
La eliminación del impuesto y la extensión de plazos podrían traducirse en un incremento significativo de armas en circulación sin una mejora proporcional en los mecanismos de fiscalización. El mensaje que baja desde el Ejecutivo es claro: la tenencia de armas ya no es una excepción bajo condiciones estrictas, sino una posibilidad cada vez más abierta para amplios sectores de la población.