El presidente Javier Milei vetó la Ley 27.790, que declaraba la emergencia para las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectadas por un temporal devastador en marzo. La norma, que incluía un fondo de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción, había sido aprobada por unanimidad en el Senado y con 153 votos afirmativos en Diputados. El rechazo político fue inmediato, y sectores de distintos bloques anticiparon que intentarán revertir la decisión del Ejecutivo.
Los legisladores radicales Maximiliano Abad y Karina Banfi expresaron su desacuerdo con el veto presidencial y anunciaron que buscarán construir consensos para insistir con la ley en el Congreso. “Vamos a sostener la ley porque es una herramienta institucional ante una situación catastrófica”, afirmaron, y señalaron que el decreto del Ejecutivo (238/25) es insuficiente, ya que “solo atendió la urgencia” y no prevé soluciones estructurales.
Según los legisladores, la ley vetada contemplaba la reconstrucción de infraestructura pública, la reactivación económica de la zona y mecanismos de control parlamentario. “No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas ni la transparencia”, sostuvieron.
Desde la oposición también hubo fuertes críticas. La diputada Victoria Tolosa Paz denunció que “Milei vetó la solidaridad, el federalismo y una ley votada por amplia mayoría” y sostuvo que el Gobierno nacional “rifa los fondos públicos en el sistema financiero en vez de usarlos para ayudar a la gente”.
Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio recordó que el proyecto fue aprobado incluso con votos del oficialismo: “El vocero Adorni acusa a la política de hacer política, pero los senadores de Milei también lo votaron”.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, reaccionó con incredulidad al conocer la decisión presidencial. “Bahía todavía no empezó su reconstrucción. El veto no puede significar el cierre del capítulo”, dijo. Además, afirmó que intentará comunicarse personalmente con Milei para reclamar explicaciones y recursos para la ciudad, que sufrió daños estimados en 400.000 millones de pesos y donde murieron 16 personas a raíz del temporal.
El jefe comunal cuestionó el incumplimiento de las promesas oficiales: “La ciudad tiene derecho a renacer. Pedimos gestión y presupuesto”. Pese a su tono institucional, dejó entrever una creciente decepción con la respuesta del gobierno nacional.
Desde distintos sectores del Congreso ya anticiparon que buscarán revertir el veto con los mismos votos que permitieron aprobar la norma originalmente. Si logran las dos terceras partes en ambas cámaras, la ley será promulgada pese al rechazo presidencial.