Tal lo informado oportunamente por la Comisión Especial en Defensa de Educación Pública, ayer y en consonancias con convocatorias distribuidas en todas las universidades nacionales, la comunidad marchó en Santa Rosa y General Pico en apoyo al tratamiento y aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El pedido de la Comisión Especial, presidida por el rectorado de la UNLPam e integrada por todos los decanatos y por representantes de los gremios docente y nodocente, de los centros de estudiantes de todas las facultades y de todos los claustros -docentes, estudiantes, graduados/as- y sector nodocente del Consejo Superior, se plasmó en un documento que fue a dado a conocer y leído previo a la marcha.
Indicaron en el mismo que “El brutal ajuste presupuestario, la licuación salarial y la desvalorización de la ciencia, la docencia y el derecho a estudiar amenazan con desarticular uno de los pilares fundamentales de la democracia y el desarrollo nacional”.
Ante este panorama reiteraron el compromiso “para sostener en pie a la universidad, al conocimiento como bien común y a la educación como derecho humano inalienable”.
Con respecto al nuevo Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria indicaron que “representa una herramienta central que busca garantizar un piso legal de inversión real y progresiva, sin comprometer el equilibrio fiscal que tanto se pondera, asegurando condiciones de sostenimiento para la docencia, la ciencia, la infraestructura, las becas, y los programas de bienestar. Se trata de una ley estratégica que reconoce a la universidad como un derecho y al financiamiento como una obligación del Estado, estableciendo mecanismos de actualización automática y creación de fondos específicos para carreras estratégicas y becas”.
DOCENTES Y NODOCENTES
En el documento plasmaron que para los sectores docentes, “la situación es insostenible. Con una pérdida salarial cercana al 100% frente a la inflación y sin paritarias libres ni regulares, la dignidad del trabajo universitario está en jaque. La calidad educativa no puede sostenerse sin salarios justos, sin estabilidad y sin condiciones laborales que permitan enseñar, investigar y construir universidad. Exigimos paritarias sin techo, con aumentos reales y retroactivos, y el pleno respeto del convenio colectivo de trabajo”.
En tanto el sector nodocente indicó el sufrimiento de “las mismas condiciones de precariedad. Somos quienes sostenemos el funcionamiento cotidiano de las universidades, somos partícipes de tareas de extensión, acompañamos en las tareas docentes y de investigación, siendo muchas veces, nuestra tarea invisibilizada o subvalorada. Hoy, buena parte de nuestros y nuestras compañeras se encuentran bajo la línea de pobreza. Reclamamos reconocimiento, estabilidad laboral y salarios dignos para quienes garantizamos que la universidad funcione más allá de sus aulas”, expresaron.
ESTUDIANTES
Dentro de la Comisión los estudiantes plantearon en el documento el enfrentamiento a un escenario crítico y en ese sentido indicaron que “los alquileres y servicios disparatados hicieron caer la matrícula y dificultan la inserción al ámbito universitario.Las becas estudiantiles están congeladas desde agosto del 2024 y sus montos están alejados de cubrir necesidades mínimas: este gobierno tiene la obligación de saldar esa deuda. Cada vez más estudiantes trabajan —según el último anuario de la UNLPam, casi un 40%, con un crecimiento del 10-15% en los últimos años— y muchos lo hacen en jornadas completas”.
En cuanto a las políticas de bienestar “fueron devastadas por el ajuste, y también retrocedieron los espacios de apoyo cultural, recreativo y de salud mental. Incluso se redujeron los recursos para investigar y hacer extensión, lo que compromete el cumplimiento de la currícula básica. Hace décadas los y las estudiantes estudiábamos; luego fuimos estudiantes que trabajaban; hoy nos hemos convertido en trabajadores que estudian. Por eso exigimos becas accesibles y suficientes y políticas activas de inclusión”.
EL SECTOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
El documento advirtió sobre “un verdadero vaciamiento. Sin fondos, con proyectos frenados y equipos de investigación en riesgo, se pone en peligro no solo la producción de conocimiento, sino también la soberanía nacional. La ciencia argentina es reconocida mundialmente y sus logros un orgullo nacional; desfinanciarla es condenar al país a la dependencia. Reclamamos inversión sostenida, continuidad de los programas del CONICET y fortalecimiento de los vínculos entre universidad, Estado y sociedad”.
LA UNIVERSIDAD SE DEFIENDE
“Mientras tanto la lucha se mantiene en las calles y dentro mismo de cada institución. Nuestras comunidades hacen lo imposible por sostener la continuidad de las actividades a pesar de la precariedad y así seguir formando generaciones de profesionales con reconocimiento por su excelencia en el mundo entero”, expresaron sobre la realidad del momento.
“El sistema científico y las universidades siguen generando ciencia y conocimiento relevante que aportan al desarrollo de la nación. Hoy, como en el 2024, volvemos a marchar. Porque la universidad pública no es un gasto, es una inversión. Porque no vamos a entregar el presente ni rifar el futuro”.
CIERRE
Las y los representantes indicaron en el cierre que “un país sin universidades públicas fuertes es un país sin posibilidades”.
“Porque nadie se salva en soledad y la educación nos hace libres. El conocimiento construye soberanía. Para que tenga el lugar que le corresponde en la construcción de un país libre y soberano ¡La universidad pública no se vende, se defiende!”, concluyeron.