Este miércoles se reunió la Comisión de Peticiones, presidida por Silvia Larreta, para tratar dos mensajes del Poder Ejecutivo.
El primero de ellos solicita acuerdo para designar como titular en el Juzgado de Control de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en 25 de Mayo, a la abogada Daniela Johana Martínez. El mismo obtuvo dictamen 1 favorable por la mayoría, mientras que la minoría emitió dictamen 2 y fijó posición en el recinto.
Martínez, abogada y escribana pública nacional, repasó en su exposición su experiencia en el Poder Judicial de La Rioja. Ingresó al Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores por concurso: “Fue una experiencia muy positiva porque pudimos diseñar y cambiar un poquito la perspectiva de lo que se venía haciendo en los juzgados de instrucción, ya con una mirada de género”. Luego, se desempeñó como secretaria en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, donde tuvo a su cargo personal administrativo, organización de debates y visitas a cárceles. “En ese rol me tocó estar a cargo de personal por primera vez, de organizar debates, de hacer y organizar las visitas de cárceles”, detalló.
La posibilidad de trasladarse a La Pampa se concretó con la virtualización del curso SEFUP: “Yo no podía hacerlo antes porque se rendía presencial, y con la pandemia se habilitó la modalidad virtual. Ahí cursé los tres módulos y rendí el examen para integrar la nómina de sustitutos”.
En abril de 2023 asumió como jueza de control sustituta en 25 de Mayo, localidad en la que además subrogó por más de seis meses la judicatura regional letrada: “Fue un gran sacrificio porque tuve que mudarme en un corto tiempo y alejarme de mi familia, de mis padres, de mis amigos… pero aun así asumí el desafío”.
Martínez cerró su intervención señalando que su intención es continuar desarrollando su carrera en el oeste pampeano: “Concursé y volví acá a la espera de poder ser jueza titular”.
En la ronda de preguntas, Hipólito Altolaguirre planteó dos consultas. En primer lugar, preguntó a la letrada si considera jurídicamente procedente que, en casos de denuncias penales por usurpación, el Juzgado de Control pueda disponer medidas anticipadas de desalojo, sin necesidad de aguardar la sentencia definitiva.
“Estoy a favor de la celeridad de los derechos de las personas. Siempre que esté en riesgo un derecho, entiendo que se tiene que trabajar con premura”, respondió Martínez.
Por su parte, Celeste Rivas consultó a la abogada acerca de su experiencia y desempeño como jueza de control sustituta en la localidad de 25 de Mayo. En particular, solicitó información sobre la cantidad de causas ingresadas al juzgado desde su asunción en el cargo, cuántas de ellas fueron resueltas y cuál es el promedio de resolución. También pidió detalles sobre el funcionamiento general del juzgado y el nivel de celeridad con el que se tramitan los expedientes.
Martínez aseguró que todas las causas han sido resueltas dentro de los plazos correspondientes y que el juzgado se encuentra al día en sus tareas.
Explicó que, en el marco de las competencias del Juzgado de Control, se dictan resoluciones en diversas instancias procesales, como juicios abreviados, sobreseimientos, aplicación del criterio de oportunidad y suspensión del juicio a prueba. Señaló que todas estas resoluciones están dictadas conforme a los requerimientos de las partes y dentro de los tiempos establecidos.
Asimismo, indicó que el tipo de resoluciones varía en función de la política criminal adoptada por el Ministerio Público Fiscal y la naturaleza de las causas que ingresan, las cuales presentan ciertas variaciones estacionales: “En épocas festivas, por ejemplo, suele incrementarse la incidencia de determinados tipos de delitos”.
Por último, Martínez destacó que el juzgado mantiene una importante carga de trabajo, pero que hasta el momento ha podido responder con eficiencia y sin demoras en los tiempos de resolución.
Más adelante, el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza de Control de la Primera Circunscripción Judicial a la abogada María Elena Gregoire consiguió dictamen 1 favorable por la mayoría, y dictamen 2 con posición en Cámara por la minoría.
Gregoire se formó como abogada en la Universidad Nacional de La Pampa, donde también comenzó su carrera judicial a través de una pasantía en el fuero penal. “A partir de ahí comenzó mi carrera en todo lo que es el proceso penal”, explicó.
Desde entonces, se ha desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial. Inició como empleada en el Juzgado de Instrucción N° 1, tras concursar para un cargo de escribiente, y luego continuó en la Fiscalía de Cámara Criminal. Con 27 años, accedió mediante concurso a la Secretaría del Superior Tribunal de Justicia, integrando la Sala Penal durante más de cinco años.
Desde 2009 ocupa el cargo de secretaria del Tribunal de Impugnación Penal, aunque actualmente cumple funciones como jueza sustituta en juzgados de control. También se desempeñó como jueza sustituta en el propio Tribunal de Impugnación durante el año 2020, en contexto de pandemia.
Paralelamente, desde 2005 Gregoire desarrolla actividad académica en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Comenzó como docente en la cátedra de Adaptación a las Prácticas Profesionales —actual Taller de Litigación— y, desde 2008, también integra la cátedra de Derecho Procesal Penal, donde actualmente es adjunta a cargo.
Además de su título de abogada, Gregoire es magíster en Ciencias Penales y ha realizado múltiples capacitaciones a lo largo de su carrera. “Siempre he hecho capacitaciones vinculadas a reformas penales y a derechos humanos, porque son necesarias para sostener y actualizar mis dos desempeños laborales”, destacó.
En la posterior ronda de preguntas, Espartaco Marín planteó como primera consulta su opinión personal respecto a uno de los debates más recurrentes en torno al tema: la baja o no de la edad de imputabilidad penal.
“No estoy de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad”, sostuvo, y argumentó que la legislación vigente en el país se encuentra alineada con las recomendaciones internacionales en materia de derechos de la niñez. En ese sentido, explicó que dichas recomendaciones —formuladas a través de opiniones consultivas de organismos internacionales— reconocen que los adolescentes son “personas en desarrollo” y sugieren como edades mínimas de punibilidad los 15 o 16 años.
Gregoire advirtió que establecer una edad inferior podría contravenir compromisos asumidos por el Estado argentino en el plano internacional: “Antes de esas edades no está recomendada la punibilidad, y entiendo que bajar ese umbral nos podría hacer incurrir en responsabilidad internacional”, concluyó.
Otra de las consultas de Marín fue sobre el juicio por jurados y para qué tipo de delitos considera que sería aplicable.
“Desde mi punto de vista, es aplicable a todos los delitos”, afirmó, y argumentó que si una persona puede ser imputada por la comisión de un hecho ilícito, también debe considerarse capaz de participar activamente en un jurado, es decir, de evaluar si determinada conducta configura o no un delito. “Podrían conformar un jurado para analizar esas situaciones”, sostuvo.
Gregoire solo contempló como posibles excepciones algunos delitos de alta complejidad técnica, en los que —según señaló— podrían surgir mayores dificultades para su comprensión o abordaje por parte de jurados populares. No obstante, aclaró que no observa reparos sustanciales para avanzar hacia un sistema más participativo en la administración de justicia: “No veo objeciones en que los ciudadanos puedan tomar parte en la decisión soberana de juzgar hechos que, en igualdad de condiciones, podrían serles imputados”.
Legislación social
A su turno, en la comisión de legislación social y salud pública, presidida por la diputada Laura Trapaglia, las y los legisladores emitieron dictámenes respecto a 5 proyectos de resolución.
Con la aprobación mayoritaria de quienes representan a los bloques UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada, y la postura de fijar posición en el recinto, durante su tratamiento, expresada por las y los diputados del FreJuPa, hubo sendos dictámenes para las iniciativas referidas a:
• Solicitud al Poder Ejecutivo para que informe sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de programas, anunciados en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar de La Pampa. “La contundencia de los números estadísticos, tanto nacionales como provinciales registrados nos alerta acerca de la importancia de cumplir con los objetivos del sistema normativo y, en especial, con la ley 24.417. Para esta evaluación necesitamos los datos oficiales al respecto”, sostiene en los fundamentos la diputada Romina Mota.
• Solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para que informe respecto a los medicamentos que se encuentran en cuarentena, los riesgos que esto conlleva y cuál es la fiscalización que hacen de los mismos. Esta iniciativa es producto de la unificación de proyectos presentados en el mismo sentido por los diputados Lucas Lazaric y Gisela Cuadrado.
• Solicitud al Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de La Pampa, para que informe sobre las supervisiones realizadas en el marco del art. 27 inc e) de la Ley Provincial N° 2703. “Resulta indispensable que esta Legislatura tenga acceso al detalle de las
intervenciones y supervisiones realizadas por el órgano y el resultado de las mismas” dice la diputada Gisela Cuadrado en sus fundamentos.
• Solicitud al Ministerio de Salud para que informe sobre las medidas que ha adoptado la Provincia de La Pampa en cumplimiento del fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Santa Rosa de agosto de 2021, “que dictó la responsabilidad del Estado provincial, no ante el suicidio en sí de un paciente, sino por la omisión en el cumplimiento de sus deberes legales como organizador y rector del sistema de salud mental. La sentencia expuso la inexistencia de un registro oficial y actualizado de dispositivos habilitados para tal fin, muchos de los cuales continúan recibiendo derivaciones judiciales, hospitalarias o policiales sin contar con la debida autorización, evaluación técnica ni supervisión permanente por parte de los organismos competentes. Tal omisión no sólo compromete la legalidad del funcionamiento de estos espacios, sino que pone en riesgo directo los derechos fundamentales de las personas allí internadas”, según lo expresa la diputada Cuadrado.
Mientras tanto, un dictamen unánime, aconsejando su aprobación, acordaron diputados y diputadas, respecto al proyecto mediante el cual se les solicita a los legisladores nacionales por la provincia de La Pampa, la urgente declaración de la Emergencia Pública en Salud Mental y Adicciones.
Plenario
Se conformó un plenario de las comisiones de Legislación General y Legislación Social, presididas por Liliana Robledo y Laura Trapaglia, respectivamente, y obtuvo dictamen favorable por unanimidad el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se establece en tres años el requisito de “tiempo de permanencia en cada grado”, con aplicación exclusiva a las y los agentes egresados de la carrera de “Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial”.
Fueron invitados para brindar sus aportes el subsecretario de Formación y de Servicios de Seguridad Privada, Marcos Luis Cernivelli; el director general de Justicia, Marcos Augusto González; y el jefe de la Policía de La Pampa, Claudio Cano.
Cernivelli explicó que la propuesta apunta a corregir una situación generada a partir de un decreto emitido en 2011, que extendió de dos a tres años la duración de una etapa formativa en la carrera policial. Esta modificación —aclaró— produjo un efecto concreto en los oficiales egresados a partir de esa fecha: al completar los 30 años de servicio, que representan el tiempo habitual para el retiro, no logran acceder al grado superior de comisario general.
“El problema es que quienes egresaron antes de 2011 llegan a esa instancia con 29 años de carrera, por lo que tienen margen para acceder al grado más alto. En cambio, los egresados posteriores llegan con 30 años cumplidos y ya sin posibilidad de ascenso”, indicó. Y añadió: “Lo que se busca es garantizar igualdad de condiciones para todos los oficiales, sin importar el año en que hayan egresado”.
Además del criterio de equidad, Cernivelli destacó que la iniciativa también responde a una necesidad institucional: “Si esta situación no se corrige, va a llegar un momento en que la institución policial se quedará sin comisarios generales en condiciones de asumir ese rol”.
Por otra parte, señaló que el proyecto también contempla adelantar el curso de ascenso previsto para los oficiales principales que buscan acceder a los grados superiores. “La formación es un requisito clave para el ascenso. Actualmente, ese curso está previsto para 2027. Lo que se propone es adelantarlo a 2026, para que puedan estar en condiciones de ascender dentro de los plazos necesarios”, explicó.
Posteriormente, en la Comisión de Legislación General, obtuvo dictamen favorable por unanimidad el proyecto de ley por el que se sustituye el inciso c) del artículo 4° de la Ley 1877.