Un fuerte escándalo político y ambiental sacude a la provincia de Mendoza tras revelarse que el Departamento General de Irrigación (DGI) autorizó en secreto a la firma Cresud, propiedad del poderoso empresario Eduardo Elsztain, a perforar nueve pozos en un acuífero donde está expresamente prohibido hacerlo.

La decisión se formalizó mediante una resolución que no fue publicada en el Boletín Oficial y contradice la normativa vigente desde agosto de 2024, cuando se suspendieron los permisos para perforaciones durante dos años. La resolución, curiosamente numerada como 125, fue firmada por el titular del DGI, Sergio Marinelli, quien mantiene vínculos estrechos con la gestión del presidente Javier Milei.

Según reveló el portal El Medio y difundió La Política Online, Cresud había solicitado autorización para perforar en la zona de Agrelo. Ante la falta de respuesta oficial, la empresa acudió a la Corte provincial, que obligó a Irrigación a emitir una resolución, sin exigir un fallo favorable. Sin embargo, en febrero de este año, Irrigación y Cresud anunciaron ante la Justicia que habían llegado a un acuerdo, y se emitió la polémica autorización.

La decisión se tomó pese a informes técnicos, jurídicos y científicos del propio organismo que desaconsejaban intervenir en El Carrizal, un subacuífero considerado vulnerable. El informe técnico que justifica la perforación tampoco fue publicado.

Además de Cresud, otras firmas también se vieron beneficiadas: Chimpay La Rioja S.A., Grappolo S.A. y Pedro García Mateo obtuvieron habilitaciones similares.

La noticia provocó una reacción inmediata en la política mendocina. El senador provincial Félix González presentó un pedido de jury para remover a Marinelli de su cargo, señalando que “la negligencia de los funcionarios genera injusticias como esta”, ya que “se le concede acceso privilegiado al agua a grandes grupos económicos mientras se le niega a pequeños productores”.

Cabe recordar que Marinelli es conocido en La Pampa por su férrea oposición a los reclamos por los derechos hídricos sobre el río Atuel, a pesar del fallo de la Corte Suprema de 2020 que obliga a Mendoza a garantizar un caudal mínimo de 3,2 m³/s hacia territorio pampeano, algo que la provincia vecina nunca cumplió.

Hasta el momento, el gobernador Alfredo Cornejo no se ha pronunciado sobre el tema. Marinelli, por su parte, insinuó que la resolución podría ser revocada si no es avalada por el tribunal provincial. El caso sigue generando fuertes repercusiones a nivel regional y nacional.