La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó dos proyectos de resolución que exigen al Poder Ejecutivo pampeano respuestas concretas sobre el accionar de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) y Pampetrol S.A.P.E.M en las áreas hidrocarburíferas de la provincia, con especial atención en “El Medanito”.
En el primero, dirigido a la Secretaría de Energía y Minería, solicita información detallada sobre eventuales intimaciones, sanciones o apercibimientos relacionados con el cumplimiento de las inversiones comprometidas por la UTE en el marco del contrato vigente. Asimismo, remarcó que es necesario saber si se respetaron los términos pactados en el acuerdo de renegociación aprobado por la Ley Provincial N° 2830, que impone obligaciones claras sobre montos, plazos y acciones a ejecutar en las áreas adjudicadas.
El segundo, dirigido a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, requiere informes sobre posibles incidentes ambientales ocurridos en los yacimientos operados por la misma sociedad de empresas.
Los pedidos abarcan las áreas de “Jagüel de los Machos”, “25 de Mayo – Medanito Sudoeste”, “Gobernador Ayala V” y el área denominada directamente “El Medanito”, una zona crítica tanto por su productividad como por su sensibilidad ambiental. “Es imprescindible que esta Cámara de Diputados conozca el grado de cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, para garantizar la defensa del patrimonio pampeano y de los derechos ambientales de nuestra población”, explicó la legisladora.
Además, Cuadrado recordó que en la próxima sesión legislativa se debatirá un proyecto vinculado a esta misma problemática: el pedido de informe sobre pasivos ambientales derivados de la actividad hidrocarburífera en toda la provincia. Esa iniciativa solicita que el Ejecutivo dé a conocer el estado actualizado del Registro Provincial de Pozos, los informes de incidentes ambientales, las sanciones aplicadas a empresas, y remita en particular el informe ambiental final del área “Medanito”, ordenado por resolución conjunta en febrero de este año.
“Estamos hablando de un tema profundamente estratégico: la protección de nuestros recursos naturales, el control de los compromisos empresariales, y la responsabilidad del Estado como garante del bienestar ambiental presente y futuro”, señaló la diputada.