La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, convocó de manera urgente a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF a una audiencia clave en su tribunal. El foco será un punto sensible del litigio: la disputa sobre la supuesta relación de “alter ego” entre el Estado argentino e YPF, es decir, si ambos deben ser considerados legalmente como una misma entidad.
La citación ocurre en medio de una creciente tensión judicial y diplomática. Uno de los temas centrales será la posible suspensión de la sentencia que ordena al país entregar el 51% de las acciones que posee en YPF al fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio por la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012.
Argentina ya apeló el fallo, y ahora la jueza Preska debe resolver si suspende la ejecución de la sentencia, permite una apelación directa ante la Cámara o escucha nuevos argumentos en audiencia. Entre las posibilidades también figura que Burford solicite declarar al país en desacato o exija un depósito de garantía, cuya omisión implicaría una violación de la orden judicial.
Este conflicto forma parte de una megacausa que ya supera los 30.000 millones de dólares en reclamos. Solo por el caso de YPF, el país fue condenado en 2023 a pagar USD 16.100 millones, al considerar la jueza que la expropiación se hizo de manera irregular.
La situación se agravó esta semana tras una nueva ofensiva judicial de Burford, que se opuso al pedido de Argentina de suspender el turnover (traspaso de acciones), presentando como prueba una conferencia de prensa de Axel Kicillof —entonces viceministro de Economía en 2012 y actual gobernador bonaerense—, en la que defendió la expropiación y cuestionó el fallo.
Desde la Procuración del Tesoro denunciaron que esa intervención fue utilizada por los demandantes para “empeorar la posición argentina” ante la Justicia estadounidense.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene reuniones diarias entre Casa Rosada, Economía, Cancillería y la Procuración para definir su estrategia jurídica y diplomática. En paralelo, se intensifican gestiones ante organismos internacionales. Cabe recordar que, en noviembre pasado, el fiscal estadounidense Damian Williams recomendó rechazar el pedido de Burford para quedarse con las acciones de la petrolera.
El futuro de YPF —y una parte crítica del patrimonio estatal argentino— vuelve a quedar en manos de la justicia norteamericana, en un proceso cargado de implicancias económicas, políticas y soberanas.