La Fundación Estrellas Amarillas y la Cámara Argentina de la Construcción expresaron su enérgico rechazo al Decreto 461/2025, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Organizaciones de víctimas viales, familiares y el sector empresario coincidieron en advertir que la medida representa un grave retroceso en materia de seguridad vial e infraestructura.

Desde Estrellas Amarillas, la organización que reúne a familiares de víctimas de siniestros viales, denunciaron que fueron excluidos del debate pese a haber solicitado audiencias formales con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Fuimos deliberadamente excluidos de una decisión que afecta directamente nuestros derechos y la memoria de nuestros seres queridos”, expresaron en un comunicado donde reclamaron la inmediata derogación del decreto.

La ONG remarcó que la ANSV no representa una carga para el presupuesto nacional, ya que se financia con aportes del sector asegurador, y cuenta con recursos clave como la línea 149 opción 2, que brinda asistencia a víctimas y sus familias en todo el país.

En una carta abierta, madres y padres integrantes de Estrellas Amarillas dirigieron un mensaje a la sociedad: “Hablamos desde el lugar que nadie quiere ocupar: el de las sillas vacías, las fotos que ya no envejecen y los abrazos que quedaron sin dar”. Advirtieron que las rutas argentinas están plagadas de deficiencias, y que la eliminación de organismos estratégicos como Vialidad y la ANSV implica desproteger aún más a quienes transitan por ellas. “Esto no es mala suerte. Se llama abandono estatal”, afirmaron.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) también manifestó una “profunda preocupación” por la medida. A través de una solicitada firmada por su presidente, Gustavo Weiss, advirtieron que la disolución de Vialidad Nacional “afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente”.

Camarco subrayó que la red federal no concesionada, de más de 30.000 kilómetros, quedará sin un organismo técnico capaz de mantenerla, lo cual pone en riesgo la conectividad, la producción y la seguridad vial en vastas regiones del país. También alertaron sobre el impacto negativo que esta decisión tendrá en el empleo, la continuidad de obras estratégicas y la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo vial.

“La inversión en caminos y rutas no es un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional”, remarcó la entidad. Y concluyó con un llamado a las autoridades a abrir instancias de diálogo para construir políticas sostenidas en el tiempo, con visión federal y reglas claras.