La política de ajuste impulsada por la gestión de Javier Milei alcanzó de lleno al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que enfrenta una deuda de más de 600 millones de pesos por parte del Gobierno nacional. Esta situación ha provocado la ralentización y suspensión de estudios fundamentales para la planificación y el manejo de la cuenca, afectando directamente la calidad del recurso hídrico y el acceso al agua potable de miles de personas.

Según informó el representante pampeano ante el organismo, Juan Greco, la deuda corresponde al segundo semestre de 2024 y a todo el primer semestre de 2025. “El resto de las provincias está prácticamente al día”, aclaró, y advirtió que algunos estudios han debido ralentizarse por falta de fondos, mientras que otros, directamente, fueron suspendidos.

Entre ellos, destaca el Estudio de Impacto Ambiental Integral de Portezuelo del Viento, y un trabajo considerado estratégico: el estudio de modelación de oferta y demanda hídrica del río Colorado, que permitiría actualizar la proyección de la cuenca a 50 años. Este estudio, que debía continuar el Instituto Nacional del Agua, quedó paralizado tras la finalización de su primera etapa.

Greco subrayó la importancia de ese análisis, ya que la base utilizada hasta ahora data de hace más de medio siglo y no contempla actividades actuales como la explotación hidrocarburífera. “Permitía tomar decisiones más rápidas y acertadas, con nuevas tecnologías”, explicó.

La deuda también impactó en los estudios sobre la readecuación del cauce, tras doce años de sequía. La provincia de La Pampa había solicitado extender un relevamiento técnico hasta la localidad de La Adela, pero no hay fondos disponibles para continuar.

La situación preocupa especialmente porque el principal uso del río Colorado es el consumo humano. “El 80 % del agua que consume Santa Rosa proviene de este río, y el 55 % de toda la población ribereña pampeana depende de él”, remarcó Greco. Por ello, sostuvo que los esfuerzos técnicos y económicos deben centrarse en preservar la calidad del agua, aunque eso implique relegar otros estudios también importantes.

Greco destacó el rol técnico y operativo del Coirco, y advirtió que la falta de financiamiento limita su capacidad de tomar decisiones informadas. “Podemos cometer errores técnicos por no contar con datos actualizados. Los estudios nos permiten anticipar efectos colaterales”, señaló. A su vez, indicó que el presidente del Comité Ejecutivo, Javier Schlegel, gestiona los fondos ante Nación, pero las respuestas del Ministerio de Economía son “extremadamente lentas”.

Pese al contexto adverso, el representante aseguró que las provincias mantienen su decisión de sostener el organismo, que está próximo a cumplir 50 años y se ha consolidado como una herramienta clave de articulación interprovincial en la cuenca.

Negativa al diálogo con ONG

En otro punto sensible, Greco también informó que La Pampa fue la única provincia que votó a favor de permitir una reunión entre el Comité Ejecutivo del Coirco y organizaciones sociales que habían solicitado explicaciones sobre un proyecto minero en Mendoza. El resto de las jurisdicciones se negó por distintos motivos, por lo que se resolvió que sea únicamente el presidente del organismo quien brinde una respuesta en forma individual.

Greco recordó que en el pasado el Coirco realizaba reuniones anuales con participación de la sociedad civil, en las que se analizaban distintas problemáticas de la cuenca. “Era parte de un ejercicio de transparencia. Nuestra postura sigue siendo la de dialogar, aunque no siempre coincidamos con las ONG”, concluyó.