Este 16 de julio se cumple el quinto aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó restituir un caudal mínimo permanente del río Atuel en su ingreso a La Pampa. Cinco años después, el incumplimiento por parte de Mendoza persiste, y desde el Gobierno pampeano renovaron el reclamo, con el respaldo de un informe técnico que demuestra la disponibilidad hídrica para cumplir la sentencia.

El gobernador Sergio Ziliotto renovó su reclamo y apuntó contra el máximo tribunal por no hacer cumplir su propia sentencia. “Hay agua suficiente en la cuenca del río Atuel para que Mendoza cumpla con el fallo y nos dé nuestra parte”, sostuvo este miércoles el mandatario pampeano a través de un mensaje difundido públicamente. “Hay evidencias y datos oficiales del propio gobierno mendocino que así lo revelan”, agregó.

Ziliotto insistió en que “con un manejo eficiente, el fallo se puede cumplir sin quitarle agua a nadie” y remarcó que el retraso en la implementación de la sentencia “profundiza los daños ambientales en el oeste” pampeano.

El gobernador volvió a exigir a la Corte Suprema “medidas concretas” para ejecutar el fallo emitido en julio de 2020, que establecía un caudal mínimo inicial de 3,2 metros cúbicos por segundo para el ingreso del río Atuel a territorio pampeano. Desde entonces, Mendoza no ha cumplido con ese caudal y el conflicto interprovincial sigue sin resolverse.

“Ya no hay margen”, advirtió Ziliotto. “Los daños ambientales por la falta de escorrentía del Atuel se agravan con el paso del tiempo”, agregó.

En 2024, el gobierno provincial presentó un informe técnico elaborado en el seno de la CIAI pampeana, que acredita la viabilidad total del cumplimiento del fallo judicial. El estudio se basa en datos oficiales del propio gobierno de Mendoza y demuestra que el caudal del Atuel no es deficitario, y que la vecina provincia podría entregar el volumen requerido sin comprometer sus usos de riego.

El informe detalla que el incumplimiento no responde a una imposibilidad técnica, sino a una conducta deliberada de apropiación y manejo unilateral del recurso hídrico por parte de Mendoza.

Entre los datos más significativos se incluyen la existencia de sobreriego en zonas irrigadas, con el fin de recargar napas subterráneas y reducir la escorrentía hacia La Pampa; la derivación de agua hacia parcelas abandonadas o a redes sin impermeabilizar, incluso en épocas sin actividad agrícola; el llenado de reservorios: desde 2020 se pasó de 160 a 260 represas dentro del área irrigada; la entrega de caudales privilegiados a bodegas mendocinas, en al menos un caso con volúmenes superiores a los 3 m³/s, es decir, el mismo caudal que fijó la Corte para La Pampa.

El Gobierno pampeano realizó una nueva presentación judicial, en base a este informe, a la Corte Suprema en el marco de la causa iniciada en 2014, solicitando a la Corte una intervención inmediata para garantizar el cumplimiento efectivo del caudal mínimo. Asimismo, solicitó el fortalecimiento institucional del órgano de cuenca, para que la administración del río Atuel sea realizada de manera conjunta entre ambas provincias y no quede exclusivamente en manos de Mendoza.

En paralelo, el estudio fue presentado ante la Comisión Interdisciplinaria para la Defensa del Atuel pampeano (CIAI), con la participación de representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, Ambiente, Fiscalía de Estado, UNLPam, Fundación Chadileuvú, Asamblea de los Ríos Pampeanos, diputados provinciales y autoridades locales.

El Gobierno de La Pampa insiste en que hay agua suficiente en la cuenca y que un manejo eficiente permitiría cumplir la sentencia sin quitarle agua a nadie. A cinco años del fallo, el reclamo permanece intacto: la restitución del Atuel es un derecho y una necesidad ambiental impostergable.