El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional apelará el fallo que suspendió la aplicación del decreto que ordena la disolución de Vialidad Nacional. La medida cautelar había sido dictada por la Justicia tras un planteo del gremio Sevina, frenando por seis meses cualquier acto administrativo derivado de dicha resolución.

A través de su cuenta en la red social X, Adorni confirmó la decisión del Ejecutivo de avanzar con la apelación. La semana pasada, el propio vocero había anunciado desde Casa Rosada el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, así como de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, a las que calificó como “el eje de la corrupción en la obra pública”.

Según el plan oficial, las funciones de diseño y planificación de infraestructura vial pasarán a la Secretaría de Transporte y otras dependencias del Ministerio de Economía, mientras que el control de las concesiones quedará bajo la órbita de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que reemplazará a la CNRT.

Vialidad Nacional fue históricamente el organismo técnico responsable de planificar, construir, conservar y fiscalizar la red vial del país. Su tarea fue clave para garantizar la conectividad territorial mediante rutas seguras y transitables, tanto en corredores productivos como turísticos. La disolución de la entidad generó amplio rechazo de sectores políticos, gremiales y técnicos, y fue uno de los ejes de las últimas protestas en varias provincias.