El faltante de chapas patente se ha convertido en un problema nacional que afecta a miles de ciudadanos en todo el país. A pesar de haber cumplido con todos los trámites legales, muchas personas no pueden circular normalmente con sus vehículos debido a la falta de entrega de las placas definitivas.

Ante esta situación, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el escrito, la legisladora exige explicaciones concretas sobre las demoras en la provisión de patentes y la responsabilidad del Estado en esta situación.

“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, señaló Campagnoli, en el marco de la Ley 27.275 que garantiza el derecho al acceso a la información pública.

El pedido busca obtener detalles sobre los motivos del faltante, el número de dominios provisorios vigentes, el estado actual del proceso de licitación, y las condiciones bajo las cuales la empresa Tönnjes Sudamericana S.A. obtuvo la adjudicación del servicio. Además, se solicita información sobre los proveedores anteriores y las razones por las que dejaron de operar.

La diputada recordó que en mayo el Ministerio de Justicia había prometido la normalización del sistema, algo que no se cumplió. “Ese plazo ya venció y el problema persiste. Queremos saber qué medidas están tomando para resolverlo”, remarcó.

Campagnoli no fue la única en manifestarse. Otros legisladores también cuestionaron la situación, considerándola una muestra más de desorganización en áreas clave del Estado. Señalaron que el faltante no solo retrasa la entrega de vehículos, sino que también pone en riesgo a quienes circulan con documentación provisoria, a pesar de haber cumplido con todas las obligaciones legales.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos”, concluyó la diputada.