En plena disputa con los gobernadores por los fondos nacionales, el presidente Javier Milei lanzó el Consejo de la Libertad, un nuevo órgano partidario compuesto por 24 integrantes —uno por provincia— que tendrá como objetivo auditar las estructuras provinciales y proponer reformas alineadas con su visión liberal. El anuncio se realizó este lunes por la noche durante un acto de la Fundación Faro en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, presentada como una “orden de caballeros”, estará dirigida por Felipe Núñez, estrecho colaborador del ministro de Economía, Luis Caputo. Núñez, que ocupa un rol clave en el Palacio de Hacienda, tendrá acceso a información sensible del Estado, lo que ya generó preocupación por su eventual uso con fines partidarios.
Una avanzada sobre las provincias
Durante su discurso, Milei justificó la creación del Consejo como una herramienta para impedir que “los agentes de la casta” se refugien en provincias y municipios ante el ajuste nacional. Según el mandatario, “si solo reformamos el Estado nacional y dejamos intactas las estructuras provinciales, estos espacios terminarán deshaciendo todo lo logrado”.
El Consejo operará dentro de la Fundación Faro y tendrá como función diseñar propuestas legislativas adaptadas a cada provincia, con foco en eliminar lo que Milei denomina “productos del estatismo”: regulaciones locales, impuestos provinciales y el empleo público excesivo.
Una red partidaria con acceso privilegiado
Uno de los aspectos más controvertidos del anuncio fue la elección de Felipe Núñez para liderar el cuerpo. Su cercanía con Caputo y su rol dentro del Ministerio de Economía lo posicionan como una figura con acceso a información estratégica del Estado nacional, lo que podría derivar en un uso partidario de datos sensibles. Núñez es además conocido por su militancia en redes sociales, donde defiende la política libertaria y ataca con dureza a opositores.
Ofensiva previa a una sesión clave
El anuncio del Consejo de la Libertad se dio en la antesala de una sesión crucial en la Cámara de Diputados, donde se debatirá una batería de proyectos sociales, incluyendo el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional, y la declaración de la Emergencia en Discapacidad. También se tratarán propuestas impulsadas por los gobernadores para distribuir fondos de ATN no asignados y recursos de infraestructura actualmente retenidos.
Desde la Casa Rosada interpretan estos proyectos como una amenaza al superávit fiscal, y Milei refuerza así su estrategia de presión sobre las provincias. “Necesitamos saber qué regulaciones ridículas los entorpecen, qué impuestos locales los asfixian o cuántos ñoquis sobran”, sostuvo el Presidente.
Una red de “faros” con agenda propia
Milei describió al Consejo como una red de referentes locales que “iluminarán con las ideas de la libertad hasta el último rincón de la Argentina”. Para ello convocó también al sector privado, al que definió como “los verdaderos patriotas silenciosos” que producen sin privilegios ni subsidios.
La medida se enmarca en un clima de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, en un contexto de ajuste, recorte de transferencias y deterioro de las relaciones federales. La creación de este cuerpo partidario con aspiraciones legislativas y capacidad de auditar desde adentro las estructuras locales genera interrogantes sobre el alcance real de su poder y su impacto en la institucionalidad democrática.