Gil Domínguez cuestionó el plan de Milei de penalizar a legisladores por leyes que generen déficit

El constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez cuestionó con firmeza la propuesta del presidente Javier Milei de enviar al Congreso un proyecto de ley para “blindar el equilibrio fiscal” y sancionar penalmente a legisladores que aprueben normas que eventualmente provoquen déficit. “¿Es constitucionalmente posible una ley que penalice a los legisladores por sancionar leyes que eventualmente…

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El constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez cuestionó con firmeza la propuesta del presidente Javier Milei de enviar al Congreso un proyecto de ley para “blindar el equilibrio fiscal” y sancionar penalmente a legisladores que aprueben normas que eventualmente provoquen déficit.

“¿Es constitucionalmente posible una ley que penalice a los legisladores por sancionar leyes que eventualmente generen déficit fiscal? La respuesta negativa es contundente”, afirmó en su cuenta de X.

Gil Domínguez advirtió que una norma de ese tipo “violaría la inmunidad de expresión parlamentaria” y “la independencia del Poder Legislativo, coartando la deliberación democrática”. Remarcó que los legisladores “no son responsables penalmente por las consecuencias económicas, fiscales o políticas de las leyes que aprueban”, salvo en casos de delitos como cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública.

En esa línea, subrayó que si una ley genera déficit fiscal, la responsabilidad es política y debe resolverse “a través del debate público y el voto popular, pero nunca mediante el poder punitivo estatal”.

El especialista recordó que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —ambos con jerarquía constitucional según el artículo 75 inciso 22— garantizan el derecho a ser elegido y a ejercer cargos públicos sin restricciones indebidas. “Penalizar el ejercicio de la función legislativa por el contenido de una votación sería una restricción irrazonable al pleno ejercicio de los derechos políticos”, concluyó.