El empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, reconoció públicamente que el Gobierno intentó clausurar su planta en noviembre de 2024, aunque la producción continuó en funcionamiento incluso durante diciembre.

En entrevistas radiales, el propio Furfaro admitió la gravedad del proceso judicial en curso y afirmó: “voy a terminar preso, falta poquito”, lo que confirma la dimensión penal del caso por las ampollas de fentanilo contaminadas que provocaron alarma sanitaria.

Desde que asumió en octubre, el ministro de Salud, Mario Lugones, dispuso una revisión integral de la industria farmacéutica con especial foco en laboratorios como el de Furfaro, aunque aclaró que no se trató de un señalamiento exclusivo sino de una auditoría general sobre la producción y el control de medicamentos en el país.

Fuentes oficiales confirmaron que todas las ampollas contaminadas fueron ya detectadas y retiradas de circulación por orden judicial, con el objetivo de garantizar que ningún lote en mal estado llegue nuevamente a hospitales o farmacias.

El Gobierno, al igual que los familiares de las víctimas, espera que la Justicia avance con celeridad en la investigación y determinación de responsabilidades. Para ello puso a disposición toda la documentación del INAME y abrió un sumario interno que facilite el esclarecimiento de los hechos.