El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la operación de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue por un período de 30 años, con una expectativa de recaudación cercana a los 500 millones de dólares.

El proceso involucra a las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que juntas aportan alrededor del 10% de la generación eléctrica del país y son estratégicas por su producción limpia y de bajo costo operativo frente a las centrales térmicas.

Acuerdo con las provincias

Tras meses de negociaciones, la Casa Rosada alcanzó un entendimiento con los gobiernos de Neuquén y Río Negro. El Ejecutivo reconoció a ambas provincias como propietarias del recurso hídrico y aceptó condiciones reclamadas desde hace más de tres décadas. Entre ellas, se incluyó la distribución de regalías sobre el total de los ingresos por generación, un canon específico por el uso del agua y la obligación de realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante eventuales crecidas.

El acuerdo también contempla compromisos de las futuras concesionarias en materia de información hidrometeorológica y la adopción de medidas preventivas.

Decretos y prórrogas

El decreto 718/2024, firmado por el presidente Javier Milei, dio inicio formal al proceso de reprivatización, luego de que en agosto de 2023 vencieran las concesiones originales de 30 años. Bajo la gestión anterior, la administración de las represas había sido prorrogada en siete oportunidades, mientras se discutía la creación de un ente estatal que quedara a cargo de la operación.

La última prórroga seguirá vigente hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que finalice la adjudicación de la licitación.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en uno de los ejes de su política energética: sumar capital privado a la gestión de recursos estratégicos, en este caso, un conjunto de represas clave para el sistema eléctrico nacional.