La gente anda diciendo que esta semana el Gobierno encendió fuegos que no podrá apagar con tuits o shows mediáticos. En el centro del huracán: una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) salpica al corazón del poder. Los audios filtrados por Diego Spagnuolo –exdirector de ANDIS– hablan de porcentajes y bolsillos. El juez Casanello ordenó allanamientos, secuestró datos, celulares y hasta una “contadora de billetes” en domicilios VIP. Y la acusación no es contra un empleado periférico: apunta directamente a Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del presidente, con ingresos de entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales por sobornos farmacéuticos. El Gobierno, por su parte, despidió a Spagnuolo “como medida preventiva” y acusó al “kirchnerismo” de ensuciar la campaña electoral.
Dijeron que si todo fuera parte de un guion novelero, tendría aplausos por la puesta. Pero esto es real, y vuelve a poner a la impunidad en cuarentena.
También comentan que el Congreso volvió a darle al Gobierno una derrota sonada: la Senado desactivó cinco decretos de ajuste, respaldó aumentos salariales para docentes universitarios y aprobó declarar una emergencia pediátrica por dos años. Milei amenazó con vetar todo lo que sea “gasto”, pero el pueblo, defendió el futuro nacional.
La gente anda diciendo que esta no es una pulseada cualquiera: es un canto a la resistencia institucional cuando desde arriba se apuesta a desmantelar el Estado.
Además, se encendió otra controversia cuando se dio a conocer que los senadores se aumentarán sus propios salarios a más de 10,2 millones de pesos mensuales, mientras los jubilados y la clase media no llegan a fin de mes. Muchos calificaron la medida como un nuevo mamarracho. Miles lo criticó en redes, pero nunca votó para frenarla.
Dicen que el ajuste tiene nombre, cara y corporación, y los privilegios ya no pueden maquillarse con discursos de eficiencia.
La gente sigue diciendo que esta semana también mostró destellos de esperanza en los campos: gracias a intensas lluvias, la cosecha de trigo se proyecta en 20 millones de toneladas, una luz para el agro sin infraestructura ni rostro político que lo respalde.
Dicen que no basta con producir, si el Estado no acompaña con rutas, canales y políticas agrarias reales.
Y mientras el Gobierno presume del respiro burocrático, en las calles aumentan las marchas: jubilados, docentes, estudiantes, trabajadores de salud, madres de familia, organizaciones de discapacidad. Piden justicia verdadera y no quedarán callados.
La gente anda diciendo que esta semana comprobó dos verdades: donde hay poder sin control, brota la corrupción. Y donde el pueblo no está dispuesto a retroceder, se frena la demolición social.
Dicen que no alcanza con retóricas libertarias ni tijeretazos sin límites: gobernar implica responsabilidad pública, derechos extendidos y ética.
Y si el Gobierno cree que las coimas, los vetos, los aumentos propios y las derrotas legislativas pueden silenciar esa voz, está equivocado. Porque la calle escucha, acumula bronca y pide justicia.