Agentes judiciales y efectivos de la Policía Federal allanaron ayer la vivienda del diputado José Luis Espert en Beccar y su despacho en el Congreso, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que instruye el juez de San Isidro Lino Mirabelli. La investigación se centra en las transferencias realizadas por el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de vínculos con el narcotráfico.

Transferencias y contratos millonarios

Espert reconoció una transferencia de 200 mil dólares que había negado en varias oportunidades, pero la investigación sumó un nuevo elemento: un contrato por un millón de dólares hallado en la casa de Machado en Viedma. Según ese documento, fechado el 7 de junio de 2019, el economista firmó un acuerdo de “locación de servicios” por el cual recibiría 100 mil dólares al momento de la firma y nueve cuotas mensuales de 100 mil dólares cada una.

El contrato fue rubricado por Machado en representación de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, y se suma a la asistencia logística que le brindó al dirigente durante su campaña presidencial, que incluyó al menos 36 vuelos en avión privado y una camioneta blindada.

Avance judicial y licencia política

Tras el escándalo, Espert renunció a su candidatura y esta semana pidió licencia con goce de sueldo en la Cámara baja. La Cámara de Diputados autorizó con 215 votos afirmativos el allanamiento de su despacho para facilitar las medidas de prueba solicitadas por el juez Mirabelli.

En paralelo, el diputado enfrenta otra causa en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, que investiga el uso de aeronaves de Machado durante su campaña.

Mientras tanto, la Corte Suprema avaló la extradición de Machado a Estados Unidos, donde será juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. El presidente Javier Milei ya anticipó que firmará la autorización.

Otros allanamientos: causa Andis

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al menos 25 allanamientos en domicilios particulares y droguerías de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Fuentes judiciales señalaron que se detectaron graves irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo, y que se reinstaló el secreto de sumario mientras avanza la pesquisa.