El Juzgado Federal N°2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablecer de manera inmediata todas las pensiones suspendidas en el país y pagar los haberes retenidos. La medida cautelar, dictada por el juez Guillermo Díaz Martínez, otorga a la Andis un plazo de 24 horas para realizar los pagos y prohíbe que continúe las auditorías previstas en el decreto 843/2024, así como nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral hasta que haya una sentencia definitiva.

El fallo reconoce que las suspensiones afectaron de forma generalizada a miles de beneficiarios y confirma que se trata de un caso colectivo. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la resolución tiene alcance nacional y protege a todas las personas perjudicadas sin necesidad de que realicen reclamos individuales.

“El restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad”, señaló el CELS.

La causa fue impulsada por el defensor del pueblo de Catamarca, con el acompañamiento de organizaciones como la Asociación Azul, A.P.Y.Fa.Di.M., ACIJ, el propio CELS y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. En septiembre, una resolución similar había restituido las pensiones en la provincia de Formosa.

Mientras tanto, ayer por la mañana, prestadores y familiares de personas con discapacidad tomaron las oficinas de la Andis en el barrio porteño de Belgrano. La protesta se originó por el incumplimiento del aumento de aranceles para prestadores y la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Los manifestantes exigieron ser recibidos por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches. “El gobierno autorizó una partida de 121 mil millones de pesos para el aumento de aranceles a transportistas, escuelas especiales, hogares y terapeutas, pero el dinero no llega”, denunció la actriz Valentina Bassi, madre de un niño autista.

Por su parte, el activista Martín Félix explicó que el incremento fue anunciado en julio, pero aún no se implementó. “Necesitamos un aumento del 70% para mantener abiertas las instituciones y garantizar la atención. No pedimos lujos, pedimos lo que la ley establece”, afirmó.