La gente anda diciendo que esta semana la política mostró dos caras al mismo tiempo: triunfo electoral y podredumbre detrás del escenario. Sí, La Libertad Avanza obtuvo una victoria amplia en las legislativas —más del 40% a nivel nacional y avances en distritos clave como la provincia de Buenos Aires—, pero ese triunfo llega con cadenas atadas: denuncias de corrupción, escándalos por financiamiento turbio y una catarata de audios que el juez intentó censurar. La alegría en la tribuna tiene, para muchos, un gustito a saldo y compromiso.

Dicen que ganar no implica impunidad. Porque mientras se celebraba el resultado, siguieron aflorando pruebas y sospechas que ensucian la gobernabilidad. Los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad —y la mención que corre como pólvora de ese “3%” que habría quedado en la memoria colectiva— provocaron órdenes judiciales para vetar su difusión y allanamientos a medios: censura previa que alimentó la sospecha de que aquello no podía ventilárse sin riesgo para alguien con poder. La Justicia intervino, pero el silencio forzado solo hizo que la plaza hablara más fuerte.

Se escucha que los escándalos no se limitan a la Casa Rosada: el caso Fred Machado —el empresario con causas en EE. UU.— y el pago de 200.000 dólares que terminó en la vida política de José Luis Espert dejó a la alianza expuesta y a varios buscando refugio. Espert terminó renunciando a la candidatura provincial; sus vínculos con Machado dejaron una mancha difícil de limpiar. Esa historia explica por qué algunos votos llegaron con prisa: el electorado premió el cambio, pero también dejó señales de alerta sobre a quién se deja entrar en la mesa.

También comentan que la lista bonaerense fue otro capítulo de nervios: la voluntad judicial sobre quién encabezaba la boleta —entre intentos por imponer a Santilli y la aplicación de la ley de paridad con Karen Reichardt— dejó en claro que manipular reglas en plena campaña no es gratuito; la Cámara Electoral tuvo que poner orden. Mientras tanto, reaparecieron viejos tuits y declaraciones de Sabrina Ajmechet que incomodaron aún más a sectores de la coalición: cuando la retórica pública choca con símbolos nacionales, la reacción popular no tarda en llegar.

Dicen que otra tanda de nombres prendió luces rojas: Lorena Villaverde y Claudia Ciccarelli volvieron a aparecer en las crónicas por sus vínculos con la trama alrededor de Machado y allegados; las conexiones familiares y de negocios entre políticos y operadores suben la temperatura y vuelven a poner en evidencia cómo se tejen contratos y favores. Para mucha gente, la política ya no es debate de ideas sino reparto de clientes y contratos.

Se escucha que la presión mediática y judicial no fue la única consecuencia: hubo amenazas y hostigamiento a periodistas que intentaron publicar los audios o investigar los vínculos. Organizaciones internacionales y sindicatos de prensa denunciaron persecución y riesgo a la libertad de informar. Cuando la tapa se bloquea, la sospecha se multiplica.

La economía, por su parte, no perdona: los dólares del exterior que comentan los voceros —la ayuda condicionada que ofrece Washington y que algunos tradujeron como “sí, te damos plata pero a cambio de más entregas” — generaron alivio financiero inmediato, pero desataron inquietud sobre soberanía y dependencia. Ayuda con letra chica: eso no calma a quien sufrió despidos, a quien perdió obra pública o a quien ve su salario achicado.

Y mientras se discute lo alto y lo bajo, la tragedia social sigue latente: la crisis del fentanilo contaminado, los recortes en salud y educación, las universidades en lucha y los comedores populares con filas crecientes no se resuelven con un porcentaje en el acta. La gente que votó buscando cambio ahora exige respuestas concretas: transparencia, justicia por las muertes, y políticas que no vacíen el Estado donde más hace falta.

Un detalle que deja sabor a advertencia: ganar sin mayoría absoluta obliga a negociar. Y negociar no es solo sumar aliados, es dar explicaciones, limpiar el propio patio, demostrar que el poder no es sinónimo de impunidad. Dicen que la lección de esta semana es clara para los vencedores: el voto puede otorgar mandato, pero no borra responsabilidades.

La gente anda diciendo que si la política quiere recuperar confianza tendrá que hacer algo más que festejar: tendrá que investigar a fondo, proteger a la prensa, separar lo público de lo privado, y garantizar que los dólares que entran no hipotecan la independencia de decisiones clave. Porque ganar elecciones y desangrar instituciones es una victoria pírrica que no merece festejos.