Los gobernadores volvieron a plantear sus reclamos al Poder Ejecutivo para acompañar la aprobación del Presupuesto 2026, entre ellos una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una mayor participación en el impuesto a los combustibles, avales para endeudamiento destinado a obras públicas y recursos para cubrir el déficit de las cajas previsionales. El Gobierno nacional busca sancionar la ley durante las sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 10 y el 31 de diciembre.
El oficialismo, con 90 diputados propios y unos 115 con sus aliados más cercanos, necesita sumar al menos una quincena de votos adicionales para garantizar la aprobación del proyecto en la Cámara baja. Por eso, los acuerdos con los gobernadores dialoguistas se vuelven decisivos.
El designado ministro del Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con distintos mandatarios provinciales para destrabar los puntos en conflicto. En los últimos días se reunió con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).
Según el texto del Presupuesto, en 2026 el Gobierno transferirá 7,7 billones de pesos a las provincias por coparticipación federal y programas bilaterales, pero los mandatarios reclaman una ampliación de recursos para garantizar la aprobación.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 95,3% de esos fondos —unos $73,9 billones— corresponde a transferencias automáticas, mientras que el 4,7% restante —$3,6 billones— serán transferencias no automáticas, sujetas a la aprobación legislativa. En comparación con 2025, esto representa un aumento del 31%, aunque los gobernadores, especialmente los de signo peronista, lo consideran insuficiente.
Reclamo por los ATN
Las provincias piden una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, que en 2026 tendrán una partida de $569.426 millones, más del doble que en el ejercicio anterior. Sin embargo, el Gobierno mantiene el veto presidencial a la ley que establecía una asignación automática y diaria según los índices de coparticipación. La administración nacional solo estaría dispuesta a habilitar la distribución del remanente al cierre de cada año fiscal.
Déficit previsional
Otro punto de conflicto es la cobertura de los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la ANSES. El proyecto prevé $122.762 millones para ese fin, la mitad de lo que figuraba en el Presupuesto 2025. Los mandatarios advierten que se necesitarían al menos $900 mil millones para cumplir con las obligaciones establecidas por ley. Además, el artículo correspondiente fija que los giros solo se concretarán si las provincias presentan un déficit reconocido por ANSES, correspondiente al ejercicio 2021 o posterior.
Impuesto a los combustibles
También genera tensión la distribución del impuesto a los combustibles, cuya recaudación se estima en 7,6 billones de pesos. Los gobernadores reclamaban elevar su participación al 52%, pero el Congreso rechazó la propuesta. Actualmente, el 28,6% de esos fondos se destina a ANSES, el 10% a las provincias, el 24,29% al Tesoro Nacional y el resto a fideicomisos, aunque estos últimos fueron eliminados, lo que deja los recursos bajo control del Tesoro.
Obras públicas y endeudamiento
Cada provincia presentó además su propio listado de obras de infraestructura que pretende incluir en el Presupuesto. Algunos mandatarios solicitan avales nacionales para poder contraer endeudamiento externo o interno destinado a financiar proyectos prioritarios.
El debate promete ser intenso: mientras el Gobierno busca mostrar orden fiscal y control del gasto, las provincias reclaman autonomía y equidad en la distribución de los recursos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y los mandatarios locales.