Se reunió la Comisión de Legislación General, presidida por Liliana Robledo, para tratar el proyecto de ley por el que se adhiere la provincia de La Pampa al título I de la ley nacional 27348, complementaria a la ley  24557 de riesgos de trabajo.

Fueron invitados para participar del debate Lilia López, secretaria general de CTA, Noemi Tejada, secretaria administrativa de CTA; Carlos Fernández, asesor letrado de Utelpa; y Darío Muñoz, secretario de ambiente de UTELPA.

Durante su intervención, Tejeda recordó que desde su sanción en 2017 “la CTA, junto a la Intersindical de Salud de los Trabajadores, rechazó esta normativa”, al considerar que “profundiza un modelo que traslada al ámbito privado la gestión de los accidentes y enfermedades laborales”.

La dirigente destacó que la postura del sector sindical siempre fue “promover una ley de prevención y no de riesgos”, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo seguras antes que asignar un valor económico a los daños producidos. En ese sentido, señaló que “las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas con fines de lucro que operan bajo una regulación insuficiente” y que “la modificación impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri agravó un sistema que ya estaba privatizado desde los años noventa”.

Tejeda explicó además que la adhesión provincial a la ley nacional “burocratiza los trámites de reconocimiento de enfermedades y accidentes laborales, al obligar a los trabajadores a recurrir a las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

 “En la práctica -indicó- estas comisiones rara vez revierten lo que dictaminan las ART, lo que deja a los trabajadores en una situación de desprotección”.

Asimismo, expresó su preocupación por el plazo de 45 días previsto en el proyecto pampeano para la presentación de reclamos, recordando que en la provincia de Buenos Aires la Justicia declaró inconstitucional una norma similar por establecer un plazo de 90 días.

“Estamos frente a una ley que no beneficia a los trabajadores ni a las trabajadoras, y tampoco a los empleadores; los únicos favorecidos son los grupos aseguradores”, sostuvo.

Por su parte, Fernández Artíco señaló que el texto del proyecto “presenta contradicciones internas”, ya que “por un lado sostiene que busca garantizar los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo persigue disminuir la litigiosidad, cuando en realidad ambos objetivos no son compatibles”.

El asesor advirtió que la adhesión provincial a la norma “consolida la privatización de la salud laboral” y “vulnera el principio de reparación integral frente a un daño”.

 “El único patrimonio que tiene un trabajador es su fuerza de trabajo. Si una enfermedad o accidente afecta esa capacidad, la ley debería protegerlo, no condicionar su reclamo”, concluyó.