El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) presentó un duro informe en el que denunció irregularidades en el régimen de concesiones viales del Gobierno nacional, señalando la existencia de “falsos peajes”, sobreprecios, falta de obras, y desvío de fondos públicos. Además, exigieron que la administración de las rutas nacionales regrese a Vialidad Nacional, cuestionando el rol de la empresa estatal Corredores Viales S.A., a la que calificaron como “una estructura paralela que solo recauda peajes sin ejecutar obras y que funciona como caja política”.

El documento, titulado “Contradicciones del Gobierno Nacional – Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por ‘falso peaje’”, plantea que el actual esquema de gestión es “contrario a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa”, y que perjudica tanto a los usuarios como al interés público.

La organización advirtió que la política de peajes “vulnera el derecho constitucional a la libre circulación”, ya que impone un pago obligatorio por rutas financiadas con el Impuesto a los Combustibles, lo que —según señalan— constituye “una doble imposición confiscatoria”.

Respecto a la recaudación, Conaduv recordó que el tributo a los combustibles genera más de 3.000 millones de dólares anuales, fondos que deberían destinarse exclusivamente al mantenimiento de la red vial. Sin embargo, denunciaron que son “desviados hacia otros fines presupuestarios”, lo que configura “una forma de malversación del objeto específico para el que fueron creados”.

En otro tramo del informe, se advierte que las empresas que se postulan para las nuevas concesiones “pertenecen en su mayoría a los mismos grupos económicos vinculados históricamente al ‘Club del Peaje’ y a la llamada patria contratista”, reproduciendo así “un modelo ineficiente, sin control estatal y sin resultados concretos en materia de infraestructura vial”, similar al de la década del 90.

La entidad también alertó sobre la intención del gobierno libertario de avanzar con nuevas licitaciones que implican aumentos tarifarios de más del triple y la instalación de 54 estaciones de cobro en unos 9.000 kilómetros de rutas privatizadas por hasta 30 años. En promedio, habrá un peaje cada 97 kilómetros, incluyendo uno nuevo sobre la Ruta Nacional 5, que conecta Santa Rosa con la Ciudad de Buenos Aires.

“Las políticas viales actuales consolidan un esquema injusto y regresivo, donde los usuarios pagan más por servicios que el Estado deja de garantizar”, concluye el documento de Conaduv.