El fuerte crecimiento de la demanda en el sistema de salud pública provincial, impulsado por la pérdida de coberturas médicas y el ajuste nacional, llevó al Ministerio de Salud a estudiar nuevas herramientas para sostener la prestación. Una de ellas es la posible incorporación de una “factura simbólica”, un documento que detalle el costo real de cada atención brindada, aun cuando el paciente no deba pagarla.

La iniciativa —utilizada en algunos países europeos— busca que las personas conozcan el valor de los tratamientos, estudios y tecnologías aplicadas durante su atención. La medida no afectaría los criterios de gratuidad ni el acceso a la atención en emergencias, que seguirán garantizados. En el Ministerio remarcan que “nadie se quedará sin ser atendido”, y que cualquier aspecto económico se evalúa después.

La discusión ya tuvo antecedentes en España tras la pandemia. Quienes la apoyan sostienen que ayuda a valorar el trabajo del sistema público y su costo real. Sus detractores, en cambio, entienden que no debe individualizarse el precio de cada práctica, sino brindar información general sobre los costos de tratamientos complejos como quimioterapias o antivirales.

La semana pasada, Salud modificó además la categorización de usuarios del sistema público y redujo el umbral de ingresos para acceder a la gratuidad. Con la nueva disposición, más personas con capacidad económica deberán abonar las prestaciones. También se estableció que quienes provengan de otras provincias o países, o no acrediten al menos dos años de residencia en La Pampa, deberán pagar el costo total de los servicios.

Desde la cartera sanitaria explicaron que el objetivo es “un sistema más justo y equitativo”, basado en que quienes más recursos tienen aporten más, sin afectar la esencia de la salud pública. La resolución 2801/25 definió como “No contribuyentes” a quienes poseen ingresos familiares menores a seis salarios mínimos; mientras que quienes superen ese umbral, o cuenten con obra social, quedarán dentro del universo de “Mutualizados” o “Contribuyentes”, según su nivel de ingresos.

El salario mínimo, vital y móvil vigente en noviembre es de $322.200. Así, el límite de seis salarios —$1.933.200— determina quiénes deberán pagar por las prestaciones en hospitales públicos, incluyendo medicamentos e insumos. La evaluación del ingreso del grupo familiar quedará a cargo del personal designado de cada establecimiento de salud.

En un contexto donde crece la presión sobre el sistema público y se profundiza el deterioro de la cobertura privada, la provincia busca reorganizar la financiación sin resignar su principio central: garantizar la atención a toda la población.