La inminente aprobación de la ordenanza que regulará el transporte privado mediante aplicaciones digitales en Santa Rosa generó una fuerte división en el sector del taxi. Mientras los peones celebran la medida por considerarla un avance largamente esperado, los dueños de las licencias sostienen que la regulación es “ilegal” y advierten que llevarán el caso a la Justicia.

La Comisión de Administrativa y Reglamentaciones del Concejo Deliberante emitió despacho por mayoría para habilitar el uso de plataformas como Uber, con el acompañamiento del Frejupa, la UCR y el PRO. El proyecto establece requisitos obligatorios para los conductores: licencia profesional categoría D1, certificado de antecedentes penales, libre deuda, seguro para pasajeros y vehículos radicados en la provincia. El permiso tendrá una vigencia de dos años, sin cupos, y se creará un Registro de Permisionarios. Las sanciones irán desde multas hasta la suspensión o inhabilitación, y los choferes tendrán 45 días para adecuarse.

Rechazo de los propietarios

El presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis, Ernesto Forastiero, sostuvo que la ordenanza “es ilegal” y afirmó que existe una ley provincial —la 1.554— que prohíbe el uso de aplicaciones y faculta al municipio a secuestrar vehículos y aplicar multas. Señaló que esperan una definición del Superior Tribunal de Justicia y criticó que el Concejo Deliberante avanzara sin acatar ese marco legal.

Forastiero advirtió que la actividad cayó un 70 % y cuestionó la falta de controles, así como la exclusión de las motos en la normativa. También consideró que a los propietarios no les conviene incorporarse a Uber porque la estructura de costos vuelve inviable el negocio: “Me funde. Si uso la aplicación, tengo que despedir a mi empleado”.

Además, remarcó que quienes utilicen un taxi para trabajar con Uber serán sancionados.

Respaldo de los peones

Desde el Sindicato de Peones de Taxis, su titular José María Boccalatte celebró la inminente aprobación de la ordenanza y destacó que permitirá sancionar a quienes no cumplan las reglas. Si bien expresó reparos sobre el cupo ilimitado, valoró la antigüedad máxima de diez años para los autos y subrayó que la regulación habilita a los taxis a usar aplicaciones, algo que consideran un avance significativo.

Boccalatte lamentó la falta de regulación impositiva sobre las plataformas, que —afirmó— no tributan en la provincia ni en el municipio.

Hacia una desregulación del taxi

Fernanda Oddi (PRO), presidenta de la comisión que elaboró el dictamen, reconoció que la medida no conformará por igual a todos los sectores, pero sostuvo que el objetivo es “igualar para competir”. Adelantó que el próximo paso será avanzar en una desregulación del servicio de taxis y estimó que el proyecto será aprobado en la próxima sesión.

La discusión exhibe un escenario de intereses contrapuestos en un sector atravesado por la caída de la actividad, la irrupción tecnológica y la necesidad de redefinir el marco regulatorio del transporte urbano.