El defensor general Martín Saravia declaró la emergencia del servicio público de las Defensorías Civiles en toda la provincia, ante la imposibilidad de responder al volumen creciente de la demanda social con la estructura actual. En la resolución firmada ayer, advirtió que la escasez de defensorías, el reducido personal y las condiciones laborales precarias llevaron al sistema “al borde del colapso”.
Saravia recordó que, al asumir, tomó dimensión del “padecimiento histórico” del fuero civil en las cuatro circunscripciones, con una crisis más profunda en la primera y la segunda. Señaló que durante dos años impulsó gestiones para lograr mejoras estructurales, sin obtener respuestas suficientes, lo que lo llevó a declarar la emergencia del servicio.
Destacó que las Defensorías Civiles patrocinan a la población más vulnerada de la provincia, con tareas vinculadas a conflictividad de género, niñez, salud mental, discapacidad, adultez mayor y derechos humanos. A su vez, absorben casi la totalidad de los reclamos de cuota alimentaria, cuidados parentales y medidas de protección para víctimas de violencia de género, una demanda creciente que exige pericia y condiciones adecuadas para resguardar la vida de quienes acuden a la justicia.
El defensor advirtió que la falta de personal, la ausencia de carrera judicial, la precariedad laboral, la carencia de un sistema unificado de registro de causas y la migración de trabajadores hacia juzgados con mejores bonificaciones profundizaron la crisis. Señaló también que la infraestructura resulta insuficiente: oficinas sin ventilación ni luz natural, espacios improvisados en depósitos, falta de accesibilidad, escasez de baños y ausencia de mobiliario y computadoras.
A ello se suma la falta de equipos técnicos para elaborar informes requeridos por los jueces, lo que obliga a recurrir a la colaboración de organismos externos. En Santa Rosa, el crecimiento del Ministerio Público Fiscal redujo aún más el espacio disponible para las defensorías, que ya trabajaban en condiciones limitadas.
Saravia subrayó que la Defensa Pública en el fuero civil es una red esencial —aunque invisibilizada— de contención del conflicto social, clave para abordar problemáticas sensibles como la salud mental, la violencia de género y la protección de infancias, adolescencias y adultos mayores. Afirmó que la debilidad del servicio afecta directamente el acceso a la justicia y profundiza desigualdades, ya que quienes no pueden pagar abogados privados quedan expuestos a una representación debilitada.
Frente a este panorama, sostuvo que es indispensable que los poderes del Estado dispongan soluciones estructurales. Mientras tanto, anunció medidas excepcionales para garantizar la atención urgente de los casos prioritarios. El servicio quedará circunscripto a demandas de cuota alimentaria, régimen comunicacional para infancias y acciones inmediatas ligadas a violencia de género, familiar y situaciones que involucren a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.
Además, resolvió suspender el ingreso de nuevas causas en todas las materias hasta el 31 de diciembre de 2025, salvo medidas preventivas urgentes previstas en la ley 26.485. La decisión será comunicada al Sitraj y a las autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo.