La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un paso decisivo en la histórica disputa por el río Atuel: emplazó al gobierno nacional de Javier Milei a responder, en un plazo de tres meses, la petición presentada por el abogado pampeano Omar Gebruers para que el Estado argentino “cumpla o haga cumplir” el fallo de la Corte Suprema que ordena a Mendoza liberar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en el Puente Vinchuqueros.
La presentación, realizada en 2023, apunta a la falta de ejecución de una sentencia que ya lleva más de cinco años sin aplicarse. Gebruers viajó a Washington junto a la abogada Ana Herren en representación de dos crianceras del oeste pampeano, Alejandra Domínguez y Elsa Monzón, vecinas del cauce seco e históricas damnificadas por la ausencia del río que alguna vez atravesó la región.
La respuesta de la CIDH —a la que accedió este medio— fue dirigida al canciller Pablo Quirno. El organismo exige que el Estado presente sus argumentos dentro de los plazos establecidos y recuerda que, vencido el máximo de cuatro meses, se aplicarán los criterios de reducción del atraso procesal. Además, la Comisión dejó abierta la posibilidad de iniciar un proceso de solución amistosa entre las partes, siempre respetando los estándares de derechos humanos.
El pedido fue acompañado por documentación histórica del conflicto y por la sentencia de la Corte, que ordenó la entrega inmediata del caudal mínimo para evitar un daño ambiental todavía mayor. “La CIDH no tendrá dificultades para comprender los argumentos de las damnificadas”, había señalado Gebruers.
Este avance internacional se suma a la presentación que La Pampa realizó el año pasado, también aceptada por la CIDH. Aquel reclamo involucró a la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos y al propio gobierno provincial. En diciembre, el gobernador Sergio Ziliotto celebró que el organismo corriera traslado al Estado nacional y reafirmó que la provincia seguirá utilizando todas las herramientas institucionales para que el Atuel vuelva a correr de manera permanente.
Ziliotto lamentó que “Mendoza ya no sabe cómo hacer para impedir” la llegada del agua al territorio pampeano y cuestionó duramente que una sentencia de la Corte Suprema permanezca sin ejecución. “¿Existirá otro país en el mundo cuya Corte sea incapaz de hacer cumplir sus propios fallos?”, se preguntó.
La posibilidad de unificar las dos presentaciones quedó en manos de la CIDH. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que, aunque podrían acumularse, se trata de reclamos distintos: el de Gebruers se centra en víctimas individualizadas, mientras que la presentación provincial denuncia también la afectación colectiva de toda La Pampa por la violación ambiental.
Mientras tanto, el conflicto por el Atuel sigue poniendo en evidencia la incapacidad del Estado nacional y de la justicia argentina para hacer cumplir un fallo que lleva años esperando. Cada instancia internacional que avanza renueva la presión para que el río —secuestrado por Mendoza desde hace décadas— vuelva a escurrir en suelo pampeano.