Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos del Indec, advirtió que desde diciembre de 2023 el gobierno nacional aplicó una política de reducción deliberada del sector público que derivó en la pérdida de 60.784 puestos de trabajo. La caída equivale al 17,7% de la planta estatal y representa un promedio de más de 83 desvinculaciones por día.
Según el estudio, las empresas y sociedades del Estado concentran la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. En términos proporcionales, el ajuste impactó con más fuerza sobre la administración central, afectando funciones propias del Poder Ejecutivo.
Correo Argentino encabeza el listado de empresas estatales con mayor cantidad de cesantías, con 5.155 bajas. Le siguen la Operadora Ferroviaria SE, con 3.375 puestos eliminados; el Banco Nación, con 2.069; y Aerolíneas Argentinas, con 1.887. En términos porcentuales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80% del personal. También registraron caídas pronunciadas Enarsa Patagonia, Educar SA y Contenidos Públicos SE.
Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo más afectado en términos absolutos fue ARCA, con 3.220 despidos. Luego aparecen el Conicet, que perdió 1.964 trabajadores, y la Anses, con una reducción de 1.584 empleados. En proporción, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64% de su dotación, seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (46,6%) y el Inaes (43,5%).
El CEPA sostuvo que estos recortes no constituyen simples decisiones administrativas, sino parte de una estrategia de repliegue sistemático del Estado en áreas clave. La combinación de ajuste fiscal y vaciamiento institucional, señalaron, instala un modelo donde lo público queda reducido a su mínima expresión y múltiples derechos pasan a depender cada vez más de la lógica del mercado.
El informe concluye que las reducciones de personal afectan directamente la capacidad estatal de garantizar servicios esenciales y proteger derechos sociales, educativos, tecnológicos, culturales y financieros.