La localidad de 25 de Mayo pasó rápidamente del entusiasmo por el anuncio del bacheo de la Ruta Nacional 151 a la inquietud por versiones que indican que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) no participaría de la próxima licitación del área Medanito. La empresa mantiene desde hace seis meses un acuerdo con el Sindicato de Petroleros Privados y la Secretaría de Trabajo provincial que dejó en suspensión a unos 100 trabajadores hasta fin de año. Ahora, los trascendidos hablan de un escenario más grave, con la posibilidad de nuevos despidos propios y en firmas de servicios vinculadas a la operadora.

El tema fue abordado en una entrevista de Radio Municipal con el intendente Leonel Monsalve, la viceintendenta y presidenta del Concejo, Marina Álvarez, y funcionarios del gabinete. Allí, el periodista Julio Omar Suárez expuso crudamente los temores que circulan en la localidad: si PCR no renueva, podrían quedar sin empleo entre 200 y 300 personas, considerando tanto a los suspendidos como al personal efectivo.

Monsalve reconoció la preocupación y aseguró estar en contacto directo con el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, quien le transmitió que el gremio se encuentra “en alerta de paro y movilización”. Según reconstruyó Suárez, PCR emplea actualmente a unas 200 personas y, además, existen numerosas pymes locales con contratos vigentes hasta fin de año que trabajan a pérdida y sostienen cerca de otros 200 puestos. El cuadro totalizaría unos 400 empleos en riesgo.

En medio de este contexto, el intendente apuntó con firmeza contra la diputada local Noelia Sosa, a quien responsabilizó por haber trabado el tratamiento del pliego de Medanito durante un año. Señaló que la legisladora presentó un proyecto que frenó la discusión cuando el expediente estaba listo para avanzar y que, aun después de la aprobación en comisión —en la que fue la única que votó en contra—, volvió a interponer un reclamo ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas alegando irregularidades.

Monsalve reclamó que Sosa “ponga la cara” frente a la comunidad y dé explicaciones a los trabajadores afectados. “Los que estamos del lado del pueblo siempre dimos la cara, más allá de las diferencias políticas. Ahora es ella quien debe responderle a los vecinos y a quienes podrían quedar sin trabajo”, sostuvo.

La situación mantiene en vilo a la localidad petrolera, que observa con preocupación el posible impacto social y económico de una ola de despidos en plena transición de concesión.