El Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa expresó una “profunda preocupación” frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional, al que calificó como un retroceso histórico que desprotege a los trabajadores y desestructura pilares fundamentales del sistema laboral argentino.
Según el gremio conducido por Rodrigo Genoni, la iniciativa introduce figuras contractuales por fuera del régimen laboral tradicional, habilitando vínculos civiles y comerciales sin estabilidad, sin vacaciones pagas, sin indemnización adecuada y sin el resguardo pleno de la Ley de Contrato de Trabajo. De prosperar, miles de trabajadores “negociarán solos frente al empleador”, perdiendo herramientas jurídicas que durante décadas equilibraron esa relación.
También señalaron que los convenios colectivos perderán fuerza por la incorporación de sumas no remunerativas, componentes salariales “dinámicos” eliminables y la posibilidad de imponer acuerdos individuales por encima de la negociación sectorial. Esto podría habilitar modificaciones unilaterales de derechos adquiridos.
Horas extra y jornadas extendidas.
Otro punto crítico es el banco de horas, que permitiría extender la jornada laboral sin pagar horas extras, compensando el tiempo con descansos posteriores. Además, el empleador podría modificar turnos, días laborales, incluir domingos o feriados y alterar la vida familiar sin compensación económica. Para el gremio, lejos de reducir conflictos, esta flexibilización generará más precariedad y mayor litigiosidad.
Inconstitucionalidad.
El CEC advirtió que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución –que garantiza estabilidad, jornada limitada, salario justo y protección contra el despido arbitrario– y contradice el principio de progresividad y no regresividad del artículo 75 inciso 22. También afectaría convenios internacionales de la OIT vinculados a la libertad sindical y la negociación colectiva.
Las 62 Organizaciones Peronistas también manifestaron un “enérgico rechazo”, afirmando que el proyecto no moderniza el mercado laboral sino que lo fragmenta y desmantela. Advirtieron que la ofensiva del Gobierno exige una respuesta clara del Partido Justicialista para defender los derechos adquiridos y la justicia social.
Entre los efectos señalados, plantearon que la reforma debilita la Ley de Contrato de Trabajo, reduce la eficacia de los convenios colectivos, habilita jornadas extendidas sin pago adicional, permite rotaciones compulsivas de turnos y crea figuras contractuales por fuera de la tutela laboral. El resultado, afirmaron, será “un país con trabajadores más desprotegidos y familias más inestables”.
“Milei fomenta el odio al periodismo”.
El proyecto también apunta a derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) calificó la medida como un “ataque directo” que elimina la protección histórica que permite garantizar estabilidad, condiciones dignas y resguardo frente a presiones políticas y económicas.
En un comunicado, destacaron que estos estatutos permiten intimar al empleador ante situaciones de fraude laboral y fortalecen la posición del trabajador en negociaciones, incluso sin iniciar acciones judiciales. La Fatpren sostuvo que su derogación es funcional a un gobierno que “fomenta abiertamente el odio al periodismo”.
La federación también advirtió que el proyecto elimina gravámenes previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que financian medios públicos, comunitarios y micropymes, debilitando el pluralismo de voces.
“Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de los trabajadores en la Argentina, a quienes este Gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados”, concluyeron.