La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional para el próximo jueves, con movilización a Plaza de Mayo desde las 15, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Además, el sindicato reclamará la reapertura inmediata de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años y rechazará el recorte del 10 % de la planta estatal.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional tras el Confederal realizado el 27 de noviembre en San Luis, con participación de las conducciones de las 191 seccionales y de las 24 provincias. Desde el gremio informaron que, además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, en cada provincia las protestas se concentrarán frente a las Casas de Gobierno.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó con dureza contra el proyecto ingresado al Congreso: sostuvo que la reforma “no va a crear empleo” y la calificó como “propia de regímenes autoritarios”, incluso “peor que la vigente durante la dictadura”. Advirtió que habilitar jornadas de 12 horas y el pago en especies constituye una regresión de derechos “inhumana y esclavista”, y remarcó que la iniciativa es incompatible con el sistema democrático.

El dirigente también puso el foco en los gobernadores, al señalar que gran parte de los legisladores responden a sus instrucciones. En ese sentido, alertó que la aprobación de la reforma y del presupuesto profundizaría el deterioro económico de las provincias, ya afectadas por la caída de la coparticipación, el desplome del consumo, la reducción de transferencias no automáticas y el freno a la obra pública durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei.

ATE recordó que el proyecto impacta de lleno en los organismos públicos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, alcanzando a más de 70.000 agentes, y advirtió que la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo busca perpetuar el fraude laboral en el Estado nacional, provincial y municipal.

En el plano provincial, el gremio también expresó fuertes críticas a las políticas de ajuste. En una asamblea realizada en Casa de Gobierno, la secretaria gremial Liliana Rechimont cuestionó la estructura estatal y reclamó que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores. Señaló la existencia de jurisdicciones con cientos de funcionarios y planteó que, si se pretende reducir el gasto, la medida debe comenzar por los cargos políticos.

Rechimont expuso la situación salarial de amplios sectores estatales y denunció que los trabajadores son la variable de ajuste, obligados a extender jornadas y realizar horas extras para alcanzar ingresos que apenas cubren necesidades básicas. Reclamó políticas públicas reales para el empleo, la inclusión social y la contención de los sectores más vulnerables, y exigió que el esfuerzo no recaiga una vez más sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado.