La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, confirmó que la recaudación por el pago de cuotas de viviendas sociales cayó alrededor de 20 puntos en los últimos meses y advirtió que la situación económica está impactando de lleno en la política habitacional. Además, precisó que el padrón de personas que demandan una solución habitacional en la provincia asciende a unas 25 mil inscripciones, en su mayoría correspondientes a grupos familiares.
En diálogo con la prensa, la titular del organismo realizó un balance del año y lo calificó como “muy exigente”, al señalar que debieron apelar a la creatividad para sostener respuestas frente a la ausencia total de financiamiento nacional para la construcción de viviendas desde la asunción del presidente Javier Milei. En ese marco, remarcó que la continuidad de la obra pública habitacional en La Pampa responde a una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto.
Riboyra explicó que, pese a las dificultades, se pusieron en marcha programas como “Llegar a Casa”, a través del cual varias familias ya recibieron desembolsos o se encuentran en la etapa final para acceder a su vivienda. Señaló que esta política permitió incluir a sectores que antes no tenían posibilidades concretas, como personas con terreno propio que no integraban un grupo familiar al momento de inscribirse.
En relación a la caída de la recaudación, indicó que el descenso ronda los 20 puntos en comparación con siete meses atrás. Sostuvo que, si bien existe preocupación y voluntad de pago por parte de los adjudicatarios, la situación económica vuelve muy difícil cumplir con las cuotas. En ese contexto, recordó que el Gobierno provincial implementó programas de excepción de pago para sectores vulnerables, como personas mayores con jubilación mínima, beneficio que alcanza actualmente a unas 1.500 personas.
Respecto a las obras, la presidenta del IPAV detalló que hay viviendas en ejecución y otras que pudieron finalizarse en distintas localidades, incluso aquellas que habían quedado inconclusas por el retiro del financiamiento nacional. Señaló que la provincia avanzó con recursos propios, amparada en una ley que autorizó esas inversiones, aunque hasta el momento no hubo devolución de fondos por parte de Nación.
Este escenario obligó a ralentizar el ritmo de las obras para garantizar su continuidad y preservar los puestos de trabajo. Riboyra subrayó que la obra pública no solo significa viviendas, sino también empleo, por lo que consideró fundamental sostenerla en un contexto adverso.
Finalmente, afirmó que el IPAV cuenta con terrenos disponibles en la mayoría de las localidades, fruto de un trabajo previo de consolidación, y que el principal desafío pasa por los recursos necesarios para responder a una demanda creciente. Confirmó que el padrón actual ronda las 25 mil inscripciones, con una fuerte predominancia de grupos familiares, todos dispuestos a hacer un esfuerzo económico, aunque limitados por la coyuntura actual.